El Ararteko abre una actuación por el caso de prostitución de menores

Vitoria

El Ararteko (Defensor del pueblo en Euskadi) está analizando la actuación de la Diputación de Álava sobre la presunta red de prostitución de menores tutelados por esta institución.

El pasado fin de semana se conoció que se había detectado esta presunta red y que estarían afectados media docena de menores de un centro de la institución foral que tiene su tutela al haber sido retirada a sus padres por orden judicial.

Hasta ahora hay un psicólogo en prisión preventiva y otras cinco personas en libertad provisional con la obligación de acudir cada 15 días al juzgado.

El Ararteko, ante estas "graves noticias" ha abierto esta actuación para conocer las medidas adoptadas por las autoridades vascas, y especialmente por la Diputación Foral de Álava, con el fin de "asegurar debidamente la protección eficaz de estos menores".

El titular de la institución, Manu Lezertura, ya ha mantenido diversos contactos con la entidad foral que le ha facilitado, "oralmente, una primera información detallada sobre la actuación llevada a cabo en relación con los hechos acaecidos".

El Ararteko, que ha puesto en valor el "espíritu de plena y transparente colaboración de la Diputación", ha recordado que no puede legalmente entrar a investigar actuaciones de índole penal o de otra naturaleza que estén judicializados.

Lezertura, que ha mostrado una "gran preocupación" por estos hechos, se está poniendo en contacto con todas las administraciones competentes en la materia, con el fin de obtener toda la información disponible para poder tener un conocimiento "cabal" de lo sucedido y valorar "la adecuación y suficiencia de las medidas de protección en favor de estos menores".

Por ello, mediante esta actuación, quiere conocer qué medidas han adoptado las distintas administraciones públicas, en particular desde el momento en que han tenido noticia de los hechos, para la protección tanto de los menores directamente afectados como del resto de chicos tutelados por el servicio foral.

Además, ha considerado necesario insistir sobre el "deber imperioso" que tienen los intervinientes en este asunto de hacer cuanto esté en su mano para "garantizar que la identidad de los menores, víctimas de las conductas delictivas investigadas, sea preservada del conocimiento público".