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Continúa la escalada

Se agrava el enfrentamiento del Interventor del Ayuntamiento de Zamora con el alcalde Francisco Guarido y el secretario del consistorio

Ayuntamiento de Zamora

Zamora

El serio enfrentamiento interno del Ayuntamiento de Zamora, entre el interventor municipal, Javier López, el alcalde Francisco Guarido y el secretario municipal, José María García, se agudiza y se agrava, aún más. Tras el episodio de denuncia judicial del interventor contra el secretario, el alcalde y el teniente de alcalde Miguel Ángel Viñas, el pasado 15 de diciembre, ahora el interventor ha remitido un escrito al alcalde requiriéndole que cese su actitud, y la de sus colaboradores y funcionarios, contra él.

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El requerimiento del interventor se produjo la semana pasada, justo después de otro decreto del alcalde que le confería de nuevo sus funciones temporalmente, ante la ausencia de la viceinterventora, dado que el alcalde se sigue negando a reponerle las funciones que delegó por petición del propio interventor. En esencia, y entre los argumentos de su requerimiento, el interventor alega la actuación arbitraria y antijurídica que viene padeciendo por parte del alcalde Guarido.

Una actuación que dice que se produce por la vía de hecho y con manifiesta intención de generar un grave daño a su salud y a su integración en la sociedad, a partir de decretos que tilda de manifiestamente incompatibles con el sistema jurídico y el régimen político vigentes. Afirma que el alcalde conoce perfectamente que se ampara en informes deliberadamente incorrectos elaborados por el secretario municipal, que debería abstenerse, alega, por el “gravísimo conflicto personal” entre ambos y por la denuncia que presentó contra él ante el ministerio a comienzos del año pasado, y ante el juzgado en diciembre. Incluso alega que el alcalde actúa fuera de la legalidad al negarle la recuperación de funciones propias del interventor, de acuerdo con la ley, insistiendo que el alcalde vulnera frontalmente la totalidad de las normas jurídicas aplicables, con lo que, dice, pierde su condición legal de alcalde. Incluso alega que el decreto de noviembre que le retiró parte de sus competencias, a petición del propio interventor, está viciado porque fue un mal menor, para sobrevivir frente a la persecución y coacciones que sufría. El alcalde, Francisco Guarido, ha declinado valorar el asunto.

 

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