Desciende el número de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional

Bilbao

Descenso generalizado de efectivos policiales en los últimos 10 años. Es lo que confirma la respuesta del Gobierno del PP a una pregunta presentada en el Congreso por la diputada de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia. Mantienen que los efectivos de la Guardia Civil desplegados en Euskadi han descendido un 16,8% en los últimos 10 años, de los 2.849 en 2008 a los 2.369 en 2017, mientras que los integrantes de la Policía Nacional desplegados en el País Vasco suman 1.317 el pasado año, frente a los 1.422 de 2008, lo que supone un descenso del 7,3%. El Gobierno central indica también que el número de militares destinados a la Comunidad Autónoma Vasca en el año 2011 era de 1.692 y, en la actualidad, es de 1.481.

En un comunicado, la coalición soberanista ha señalado que, "a pesar de contar con el menor número de efectivos de las FSE de los últimos 10 años, aunque en Gipuzkoa la presencia de la Guardia Civil ha aumentado durante el último año", el Gobierno "defiende la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en Euskal Herria y recalca que realiza controles de forma esporádica para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades".

EH Bildu ha denunciado que las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) "siguen realizando controles e identificaciones sin justificación alguna", y ha reclamado que el pasado "no sea utilizado como excusa" para mantener la presencia "desmedida" de las FSE en territorio vasco. El Gobierno señala que se han realizado "cuantos controles e identificaciones han sido necesarias para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad ciudadana, la prevención e investigación de infracciones penales y el cumplimiento de las leyes".

El Ejecutivo indica que "los referidos controles no son sino las medidas que se ponen en práctica de forma esporádica, en lugares y por espacios temporales, puntuales, en ámbitos de actuación generalmente supracomunitarios, y en ejercicio de las funciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen reconocidas en aplicación del marco regulatorio, cuando se considera necesario ante la comisión de hechos delictivos, para la localización y detención de sus autores, o ante situaciones de riesgo que aconsejan extremar determinadas medidas de prevención".