La Comunidad de Madrid no invierte en equipos psicosociales de guardia

Madrid

A finales de 2015 el Partido Socialista llevó a la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley para instar a la Comunidad de Madrid a que pusiera en marcha las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) que preveía la Ley Integral contra la Violencia de Género (2004) y los equipos psicosociales de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Dichas unidades siguen sin estar en marcha y en el caso de los equipos psicosociales (formados por psicólogos y trabajadores sociales) no se ha invertido ni un solo euro pese a haber estado presupuestados desde el año 2016.

En 2016 el presupuesto inicial era de 160.220 euros a los que se sumaron otros 89.780 por una enmienda de la oposición. En total, 250.000 euros que al final de ese año no se invirtieron en dichos equipos.

Lo mismo volvió a suceder en 2017. Se presupuestaron 252.500 euros pero doce meses después no se había invertido ni un euro para que en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer hubiera un psicólogo y un trabajador social en las guardias.

Para este año 2018 el presupuesto destinado por parte de la Consejería de Justicia es menor, 80.627 euros de los que, todavía, no se ha desembolsado ninguna cantidad.

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La vicedecana del Colegio de Psicólogos de Madrid, Rocío Gómez, se queja de que en la Consejería no les reciben y considera que actúa con dejadez. "No tienen ningún interés real en que haya un servicio de calidad por parte de técnicos en los órganos judiciales, entonces no se ha preocupado de ejecutar eso que ha sido aprobado".

Estos profesionales recuerdan que el papel de estos equipos psicosociales en los juzgados pasa por valorar a la presunta víctima y al presunto agresor para ayudar a jueces y fiscales a la hora de determinar las medidas de protección. Y que, incluso, se podría dar una atención asistencial a la mujer.

En la Comunidad de Madrid hay 23 juzgados con competencia exclusiva en materia de violencia sobre la mujer, 11 en Madrid capital y 12 en la periferia. A esas cifras se suman otros ocho juzgados de Primera Instancia e Instrucción con competencia en esta materia.

Hay dos juzgados de guardia cada día con un horario de 9 de la mañana a 21 horas. Si una mujer acude fuera de ese horario no encontrará ni a piscólogos ni a trabajadores sociales.

La diputada socialista, Pilar Llop, impulsora de la Proposición No de Ley de 2015, subraya los motivos de aquella propuesta que votó a favor la Asamblea de Madrid. "Pensábamos que era importante dotar de estos recursos para incrementar la protección de las víctimas. Sabemos que el que haya recursos disponibles para las víctimas incrementa su confianza en el sistema judicial".

La diputada recuerda también que aún sigue sin ponerse en marcha, desde 2006, el Instituto de Medicina Legal del que dependerían las Unidades de Valoración Forense Integral especializadas en atender a víctimas de la violencia de género.

La Consejería de Justicia culpa a los sindicatos

Fuentes de la Consejería de Justicia señalan que "el informe pericial (que evalúa a víctima y agresor) no se puede emitir durante la guardia, porque está concebida para asuntos más sencillos que puedan decidirse en un juicio rápido". Pese a ello, reconocen que han dotado de presupuesto a los equipos psicosociales desde 2016 pero que no se ha podido invertir el dinero porque no hay acuerdo económico con los sindicatos a quienes acusan de querer recibir más dinero que otros trabajadores laborales que hacen guardias en los mismos juzgados.

"Tras varias reuniones, no ha sido posible llegar a un acuerdo ya que, mientras la Administración ofrece abonar las guardias con los mismos importes que el personal funcionario, la postura sindical pretendía que se abonasen entre 709,42 y 1.053, 04 euros de media al mes frente a los 331,34 euros de media mensual del funcionario", señalan fuentes de la Consejería de Justicia.

Para Ana Sánchez de la Coba, secretaria de Igualdad de UGT, la postura de la Comunidad es una excusa "lo que no dice es que el objetivo fundamental debería de ser la atención a las víctimas y que el tema del salario de los trabajadores no es ni justificación ni sería un problema si realmente existiera voluntad política para atender a las víctimas que es lo prioritario".

Desde Comisiones Obreras, José Juan Fernández, secretario general de la sección sindical en la Consejería de Justicia, recuerda que llevaron este asunto al Defensor del Pueblo. "Entendíamos que se estaba vulnerando un derecho fundamental a la protección a la víctima. El Defensor del Pueblo consideró la denuncia y está requiriendo información a la Dirección General de Justicia y nos consta que no le da respuesta".

Y desde el tercer sindicato con el que negocia la Consejería, CSIT-UP, su delegado sindical, Alfonso Reficio, recuerda que "solamente ha habido dos reuniones. Una para presentarnos la propuesta la Administración y otra para presentarla nosotros los sindicatos y se acabó. Y eso estoy hablando hace dos años. Y hasta el año pasado que nos han vuelto a presentar otra, pero la tenemos por mail no nos han sentado a desarrollarla".

Los sindicatos también señalan con ironía el hecho de que la Administración les conceda tanto poder como para paralizar presupuestos durante tres años.