Expectación entre los diputados de Balears ante la futura ley contra la corrupción

PALMA

El debate y aprobación de la ley Integral contra la corrupción que prepara el Congreso de los Diputados a iniciativa de Ciudadanos ha sido acogida con cierta expectativa desde Balears, sobre todo a partir de la puesta en marcha de la Oficina Anticorrupción que depende del Parlament. De hecho, uno de los puntos que contempla esta ley es la creación de una Autoridad Independiente para recoger aquellos casos de posibles irregularidades que sean denunciados y que puedan afectar al interés público.

Es una ley que entra ahora en la fase de ponencia, con cierto retraso, porque se esperaba que pudiera ir a pleno en enero. Prevé una serie de medidas para facilitar que los trabajadores públicos puedan denunciar desde el anonimato determinadas prácticas en la Administración que podrían ser constitutivas de delito.

También se espera que estas medidas tengan efecto disuasorio sobre un fenómeno al que las Islas no son, desde luego, ajenas, como constatan las cifras. En 2016 fueron la comunidad con más sentencias por delitos de corrupción, con un total de 18 fallos judiciales. Y en el tercer trimestre de 2017, de los 15 procesos concluidos por esta causa en España, 4 los instruyó la Audiencia de Palma. En dos hubo sentencia condenatoria con conformidad.

Estos son algunos datos del Consejo General del Poder Judicial, que algunos partidos confían en que revertir. El diputado de Ciudadanos, Fernando Navarro, confía en que la llamada "ley omnibús" contribuya a que la corrupción "nunca vuelva a verse con naturalidad".

Para el diputado de Podem, Juan Pedro Yllanes, esta ley tiene una significación especial en el caso de las Islas y es "una respuesta necesaria", porque, dice, la corrupción sigue estando arraigada en el ADN de partidos como el PP. Yllanes vaticina que todavía se destaparán más casos.

Y en el PP, su diputada por Balears Teresa Palmer considera que la futura ley tiene "bastantes defectos desde el punto de vista jurídico", por lo que anuncia que tratarán de introducir las enmiendas necesarias para evitar que sea inconstitucional.

Por su parte, desde el PSIB, la diputada Sofía Hernanz dice que la ley contra la Corrupción debe ir "más allá" de la propuesta de Ciudadanos que, a su juicio, se queda corta, por ejemplo, al no hacer extensiva la protección al denunciante cuando este no es un funcionario.