Fiscalía lleva al juez la contratación de 22 profesores de religión que cobraban sin dar clases
La denuncia original fue de Compromís, y los hechos se remontan a cuando ocupaba la titularidad de Educacion la popular Mª José Catalá
Libros de texto de Religión / Cadena Ser
Valencia
Fiscalía Provincial de Valencia ha denunciado la contratación de 22 docentes de Religión que cobraron sin dar clases en colegios de la Comunitat Valenciana. La querella se ha presentado por los delitos de prevaricación, malversación y fraude en subvenciones, aunque no se ha concretado si se dirige contra alguna persona.
En marzo del pasado año el grupo parlamentario Compromís en Les Corts presentó ante Fiscalía una denuncia en la que se aseguraba que hasta 2014, durante la etapa de gobierno del PP, se produjo el supuesto nombramiento ficticio de 22 personas que cobraban de la administración valenciana como profesores de Religión en centros públicos pero que en realidad trabajaban en las diócesis de Valencia, Alicante y Castellón.
Según señalaba la coalición podría haber supuesto un desvío de fondos de al menos nueve millones de euros. Compromís indicaba que los hechos se produjeron durante al menos nueve años y hasta 2014, cuando funcionarios de la administración pública detectaron la presunta irregularidad e instaron al Ejecutivo del PP a darle cobertura legal. Era la época de la popular Mª José Catalá al frente de Conselleria de Educación.
El Consell aprobó un decreto en julio de 2015 por el que los empleados públicos supuestamente cedidos a las diócesis tuvieron que regresar a los puestos de trabajo en los que constaban como profesores de religión en diversos centros públicos de la Comunitat Valenciana. Los docentes que realmente estaban dando clase en los centros educativos fueron reubicados, explicó la parlamentaria en ese momento.
En marzo del pasado año Fiscalía abrió diligencias de investigación y ahora ha decidido llevar al juzgado esa contratación de 22 profesores que cobraban sin dar clases, al entender que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación y fraude en subvenciones.
