"Matas se atribuyó ilegalmente competencias y pretendió manipular el concurso"
La fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para el expresident balear por el caso Son Espases
EFE
Palma de Mallorca
Jaume Matas se atribuyó ilegalmente competencias que no le correspondían a través de las cuales pretendió manipular el concurso para construir el mayor hospital de las islas. Así lo afirma la fiscal anticorrupción, Laura Pellón, en su escrito de acusación por el caso Son Espases en el que solicita cuatro años y medio de cárcel para el que fuera presidente de las islas por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y malversación. Matas se valió de sus subalternos, continúa el escrito, con un claro ataque a la independencia y objetividad que debía presidir la mesa de contratación.
La jueza de instrucción número tres de Palma decretó ayer la apertura de juicio oral contra el que fuera presidente de la comunidad por alterar el concurso para la construcción del hospital y la concesión ilegal de un informe a una empresa consultora con el que pretendía decantar la balanza de la licitación pública hacia OHL. Una actuación que según la fiscal, tuvo un evidente perjuicio para el resto de licitadores con un palmario quebranto de la norma administrativa.
Anticorrupción acusa a Matas de abortar el amaño del concurso al desvelarse en un medio de comunicación que la empresa OHL iba a ganar la licitación a pesar de que presentaba la oferta más cara. El concurso se adjudicó finalmente a la UTE liderada por Dragados de Florentino Pérez por 635 millones de euros.
La fiscalía también acusa de cuatro delitos a la que fuera consellera de Salud del Govern de Matas, Aina Castillo. Para ella solicita 15 meses de prisión por ser la persona que por orden del líder popular influyó en la mesa de contratación que decidía sobre la adjudicación. Castillo ya declaró en instrucción que Matas le entregó un sobre con las indicaciones para que la mesa de contratación diera la mayor puntuación a OHL.
Junto a ellos se sentarán en el banquillo el que fuera gerente del IBSalut, Sergio Bertrán y el empresario Jesús Peinado. La jueza ha reclamado a los cuatro que abonen una fianza solidaria de 29.000 euros para hacer frente a la resposabilidad civil. En caso de no abonarla, les serán embargados sus bienes hasta cubrir la totalidad del valor. El caso ha llegado a la Audiencia Provincial que señalará próximamente la fecha del juicio.
