El exconsejero Bengoa no se presenta en el juicio del 'caso Margüello'
El que fuera consejero de Sanidad había sido llamado como testigo de la fiscalía. Bajo su mandato se destaparon estos presuntos casos de prevaricación con contratos sanitarios
Segunda sesión del juicio en la Audiencia de Bizkaia contra el exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello / LUIS TEJIDO (EFE)
Bilbao
La segunda jornada del juicio del 'caso Margüello' está destinada a la declaración de los testigos llamados por la fiscalía para intentar probar los presuntos casos de adjudicaciones iiregulares de contratos sanitarios del exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, así como de los otros tres acusados, la considerada testaferro de sus empresas, María Nieves Fernández; el responsable territorial de Bizkaia en esa época, José Ramón Elorriaga y el exviceconsejero de Sanidad, Rafael Cerdán.
Entre los testigos citados, la fiscalía había llamado a declarar al consejero de Sanidad con el Gobierno socialista, Rafael Bengoa, bajo cuyo mandato se evidenciaron esas supuestas prácticas, quien no ha acudido debido a que no había recibido la citación.
Quien sí ha declarado esta mañana ha sido el viceconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco del PSE-EE (2009-2012), Jesús María Fernández, que cree que "se puso en riesgo la salud, la atención sanitaria y la seguridad clínica" con los contratos que el anterior departamento de Sanidad, liderado por Gabriel Inclán (PNV), adjudicó a empresas del exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello.
Las empresas de Margüello, según ha dicho, "intermediaban" entre la Sanidad pública y clínicas privadas para aligerar las listas de espera, lo que sustituía a la concertación directa entre Osakidetza y las clínicas que se había practicado hasta entonces, y suponía un formato que "nunca se había hecho antes, ni nunca se ha hecho después y que no está justificado".
La Fiscalía pide 11 años de cárcel para tres de los acusados y 6,5 años para Cerdán por los delitos de prevaricación, malversación, fraudes ilegales contra la administración pública y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
