AVA y la Unió cifran en 15 millones las pérdidas económicas por los robos en el campo

Valencia

Los robos en los campos siguen preocupando, y mucho, al sector. Según una respuesta parlamentaria del gobierno central, la Comunitat es la tercera autonomía con mayor incidencia de estos delitos, y la provincia de Valencia la segunda de España más afectada. Y eso que, según las asociaciones agrarias, la mayoría de casos ni siquiera se denuncian, porque encontrar a los ladrones es difícil, y si se consigue, las penas son muy bajas. En los últimos años se han hecho esfuerzos por contener esta escalada, por ejemplo, con los equipos ROCA de la Guardia Civil, que están especializados en ello. Pero ni aún así. No parece ser ni mucho menos suficiente. Las pérdidas, solo en cítricos, por poner un ejemplo, se cifran en cinco millones de euros. Un obstáculo más que salvar para uno de los principales sectores económicos de la Comunitat: el agrario.

AVA y la Unió de Llauradors insisten en reclamar más controles sobre el itinerario que siguen tanto los productos como los materiales que se roban de los campos (la llamada trazabilidad) y que se endurezcan las penas en el código penal, porque los robos apenas implican sanciones de unos 400 euros. También afirman que los datos oficiales no son reales porque hay mucho agricultor que no denuncia.

Según una respuesta parlamentaria, el año pasado la Comunitat Valenciana fue la tercera autonomía con un mayor número de robos, 933, la mayor parte de ellos en la provincia de Valencia. Pero las organizaciones agrarias afirman que son muchos más porque el agricultor se cansa de denunciar y no presenta más denuncias, entre otras cosas, porque sabe que apenas habrá sanción penal para el ladrón.

Celestino Recatalà, vicepresidente de AVA, cifra en 15 millones de euros las pérdidas económicas, 5 de ellos por robos en los cítricos que están aumentando porque han subido los precios. Insiste en que es necesario endurecer las penas porque no se trata de robos aislados; hay grupos organizados que controlan el territorio. Además, insiste en que las policías locales deberían acudir a los mercados y almacenes a controlar más.

Por su parte, Ramón Mampel, secretario general de la Unió de Llauradors coincide en que el Código Penal es demasiado blando, lo que lleva al agricultor a no presentar denuncia porque piensa que no vale la pena. Además de reclamar más controles de las autoridades, Mampel afirma que los robos agrícolas son un problema social y todos deberíamos denunciar si detectamos algo sospechoso.

Respecto a las últimas lluvias y nieves, son beneficiosas por la crítica situación de sequía en la que nos encontramos, pero tanto Recatalà como Mampel opinan que debería llover mucho más para que la situación cambiara.

Por su parte, Delegación de Gobierno señala que, según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, los robos se redujeron un 19,5 % el año pasado. En la provincia de Valencia, en 2016 fueron 2.088 las infracciones penales, y el año pasado 1.756, con un descenso de casi el 16%.