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El PSOE de Formentera pide la gratuidad del transporte público para menores de 18 años

Reclama también la derogación de la Ley Montoro

CADENA SER

Formentera

 Los socialistas de Formentera propondrán en el próximo pleno del Consell Insular la creación de una tarjeta joven para que los menores de 18 años no paguen por utilizar el transporte público.

También presentarán una moción para que el Gobierno Balear inste al Gobierno Central a que derogue la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para que "la tasa de reposición de funcionarios es cero", y "impide que mejore la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos ".

La consellera Ana Juan, dice que ante la inminente caducidad del contrato con la concesionaria de transporte público, y la redacción del anteproyecto de ley que regulará la entrada de vehículos en Formentera, "es el momento de incluir esta medida en la redacción del nuevo acuerdo ". Del mismo modo ha incidido en que "se deberían incorporar nuevas disposiciones para conseguir un servicio más sostenible, así como mejorar la PM820 para dotarla de un carril bici seguro y en condiciones". En este sentido, Juan ha dicho que "es la hora de crear conciencia y facilitar a la gente para que deje el coche en casa", y ha añadido que, "implantar esta medida, supondría menos vehículos circulando en la carretera y un paso adelante para educar a los jóvenes en la importancia de utilizar una movilidad pública ".

Por otra parte, los socialistas de Formentera defienden la derogación de la Ley Montoro para poder reconstruir el Estado del Bienestar, mediante la prestación de servicios sociales, la política de vivienda, la construcción de guarderías y centros escolares. Denuncian que es un instrumento ideológico de centralización y control competencial de las administraciones locales y autonómicas, que prevé la privatización de determinados servicios de titularidad pública.


El conseller Rafa Ramírez, asegura que el Real Decreto Ley que prepara el Gobierno Central para poder gastar el superávit de 2017, "es insuficiente para que los servicios públicos siguen teniendo una tasa de reposición de personal cero e impide que se mejoren la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos ". En esta línea, Ramírez asegura que "las entidades locales baleares tienen el derecho de disponer de los 500 millones de euros del superávit, porque los servicios están saturados, la atención que recibe el ciudadano es retrasa y no pueden realizar inversiones.

 
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