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Martes, 19 de Noviembre de 2019

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Polémica por la financiación de la diócesis de San Sebastián

El obispado defiende la transparencia de su gestión patrimonial mientras el sector crítico exige una auditoría externa que determine el origen de un «agujero» de más de un millón de euros

Una nueva polémica, esta vez económica, salpica al obispo Munilla /

El Obispado de San Sebastián defiende la "profesionalidad, prudencia y transparencia" con la que, según explica en un comunicado, gestiona "el patrimonio recibido por sus fieles, al tiempo que recuerda que sus cuentas "son publicadas anualmente" en el Boletín Diocesano, además de estar disponibles en su página web.

La Diócesis donostiarra ha respondido de esta manera, en un comunicado, a las críticas realizadas por un grupo de curas, religiosos y laicos que han acusado en un manifiesto al obispo de Gipuzkoa, José Ignacio Munilla, de haber generado un "agujero" económico de más de un millón de euros, que pretendería tapar con una "reestructuración" patrimonial.

En su nota, el Obispado explica que este "posible" proyecto de reestructuración patrimonial ya fue dado a conocer el pasado 22 de febrero al Consejo Presbiteral sin que ninguno de sus miembros "mostrase una posición contraria".

La nota concreta que con esta iniciativa se busca "rentar una parte" del "patrimonio inmueble" de la diócesis, con el fin de "obtener los ingresos suficientes que permitan" el mantenimiento y conservación del patrimonio religioso de sus "numerosos templos de culto" que son la razón del "déficit de gestión anual" que se produce en la Diócesis.

El Obispado aclara en su escrito que su gestión económica "está supervisada por el Consejo Diocesano de Economía", integrado por "reconocidos profesionales en materia económica y jurídica".

Por su parte, desde el ayuntamiento donostiarra, confirman que el alcalde, Eneko Goia, se reunió con  Munilla. Un encuentro en el que el obispo le preguntó por la posibilidad de dar uso turístico a algunos inmuebles no dedicados al culto. El alcalde le explicó lo que el Plan General de la ciudad permite y lo que no.

Una nueva polémica que sacude a la diócesis de San Sebastián.

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