CSIF alerta de la pérdida de más de 50 funcionarios de Justicia en Valladolid

Valladolid

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Valladolid alerta de que, en unos meses, pueden desaparecer más de 50 funcionarios de Justicia en la provincia de Valladolid, si el Gobierno no prorroga una vez más -antes de julio- la suspensión de la aplicación de la Ley 20/2011 del Registro Civil, para evitar así que entre en vigor. La activación de esa normativa supondría la desaparición de los registros civiles tal y como se conocen hasta ahora, desde su creación en 1870. Sus competencias y tareas se desligarían del Ministerio de Justicia y podrían suponer el desmantelamiento de los juzgados de paz.

Según Cesif, la nueva Ley del Registro Civil, provocará una supresión de funcionarios de Justicia con la consiguiente destrucción de empleo y también por el deterioro del servicio del Registro Civil que se produciría, especialmente en el medio rural.

En concreto, en Valladolid se podrían suprimir 15 puestos de trabajo en el Registro Civil de la capital vallisoletana, 3 en los juzgados de Medina del Campo y Medina de Rioseco, y unos 35 en las agrupaciones de juzgados de paz de la provincia.

En el ámbito de Castilla y León, los funcionarios afectados rondarían los 400, y en toda España el número de puestos en riesgo ascenderían a unos 4.000, muchos de ellos en los juzgados de paz.

Los sindicatos apuestan por una nueva ‘vacatio leguis’ que permita abordar, el nuevo modelo que debe regular el Registro Civil. En palabras de la responsable del sector de Justicia de CSIF en Valladolid, María Jesús Zamorano, “el ministro Rafael Catalá debe cumplir su compromiso de que el Registro Civil se gestione por funcionarios de Justicia. Sólo así se podrá conseguir preservar sus grandes activos, esto es, un servicio público gratuito, próximo al ciudadano y avalado por la experiencia y conocimiento de los funcionarios de la Administración de Justicia. Eso sí, hay que dotar a los registros civiles del material, el personal y los medios informáticos y técnicos suficientes y necesarios”. “Si el Registro Civil sale de la Administración de Justicia, se puede poner en peligro la continuidad de los juzgados de paz tal y como hasta ahora los conocemos”, se asegura desde CSIF Justicia Valladolid, “con la consiguiente pérdida de servicios que ello supondría para el medio rural y el deterioro en la proximidad de la Justicia, para un conjunto de población, de edad cada vez más avanzada y con dificultades para acceder a servicios básicos que deben ser garantizados. En una Comunidad como Castilla y León y en una provincia como Valladolid, se debe de atender a las necesidades del medio rural no sólo para frenar la despoblación, sino para garantizar la calidad de vida de las personas que viven en él”.

El sindicato CSIF advierte que, “además, según están las cosas, los únicos que podemos garantizar la continuidad del servicio del Registro Civil, a partir del 1 de julio, somos los funcionarios de Justicia, porque ni se han previsto los medios personales y materiales que precisa la Ley 20/2011 para su entrada en vigor, con la redacción actual, ni hay programa, ni reglamento ni personal preparado para poner en marcha ese nuevo modelo”, considera María Jesús Zamorano. “Los políticos, que tanto dicen defender los servicios públicos, se tienen que retratar definitivamente en este asunto, y propiciar la aprobación de una nueva ley que modifique y reforma la actual que permanece suspendida”, añade.

La presidenta provincial de CSIF de Valladolid, María José San Román, asegura que “es falso que la Ley 20/201 del Registro Civil contara con el consenso social que se dice que tuvo, pues CSIF, por ejemplo, que es la primera fuerza sindical en Justicia, no apoyó esa Ley, que dejaba en precario a los funcionarios de Justicia y alejaba el servicio del ciudadano”.

Es por ello por lo que San Román llama “a la movilización en defensa de un Registro Civil servido por funcionarios de la Administración de Justicia, manteniendo su estructura territorial. Tendemos la mano a grupos políticos, instituciones, ayuntamientos y agentes sociales de la provincia en defensa del Registro Civil, así como de los juzgados de paz”.