La Fiscalía pide dos años para los seis acusados de la muerte del Paseo Nuevo
El joven Mikel Arzak falleció el 7 de agosto de 2013 tras ser alcanzado en la cabeza por una roca desprendida del monte Urgull
San Sebastián
La Fiscalía de Gipuzkoa pide dos años de cárcel para cada uno de los seis acusados (tres técnicos municipales y otros tantos responsables de varias empresas) de la muerte del joven Mikel Arzak, quien falleció el 7 de agosto de 2013 tras ser alcanzado en la cabeza por una roca desprendida del monte Urgull cuando caminaba por el Paseo Nuevo de San Sebastián.
Los procesados son el director del departamento de Infraestructuras y Servicios Urbanos del Ayuntamiento; el responsable de Proyectos de Obras del consistorio, y un ingeniero técnico municipal, así como el coordinador de Seguridad y Salud Laboral de la obra; la técnico de Prevención de Riesgos Laborales, y el gerente de la compañía encargada de los trabajos.
El escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que hoy ha tenido acceso EFE, considera a todos ellos responsables de un delito de homicidio por imprudencia grave, por el que reclama dos años de reclusión para cada uno y que sean inhabilitados para el ejercicio de su profesión durante tres años.
Solicita también que, por la vía de responsabilidad civil, sean condenados a indemnizar "conjunta y solidariamente" a los padres del fallecido con 200.000 euros y que se declare la responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento de San Sebastián, así como de la empresa encargada de la estabilización de la ladera del monte Urgull y la que se ocupaba de la coordinación de la seguridad cuando se produjo el accidente.
Según este texto, los hechos sucedieron sobre las 17.10 horas del 7 de agosto de 2013, durante la ejecución de un "proyecto de medidas de defensa contra desprendimientos en el Paseo Nuevo", promovido por el consistorio donostiarra, redactado por una empresa externa y ejecutado por la compañía Tesinsa.
El documento concreta que, en este contexto, "se produjo el desprendimiento de varios bloques de piedra desde la ladera" del citado monte, uno de los cuales "golpeó en la cabeza", al joven, de 20 años, quien se encontraba a unos 75 metros del edificio de la Sociedad Fotográfica.
Se da la circunstancia de que, según el Ministerio Público, "unas dos horas antes del desprendimiento, se estuvo trabajando en esa zona" en la que se habían realizado "tres perforaciones con una máquina neumática percutora" equipada con "una broca de 1,5 meros de largo y 89 milímetros de diámetro, sin llegar a inyectarse hormigón ni a instalarse la malla de sustentación de la ladera".
La Fiscalía recuerda que el proyecto de estabilización había sido redactado "como consecuencia de un importante antecedente", sucedido el 29 de noviembre de 2012, cuando un bloque de "grandes dimensiones" se desprendió de esa misma ladera, también en las inmediaciones de la Sociedad Fotográfica, rodó "hasta la calzada del Paseo Nuevo" por la que transitan los viandantes y obligó al corte de tráfico temporal de la zona.
Posteriormente, en diciembre de 2012, se elaboró un informe sobre "caídas de piedras en el Paseo Nuevo" que, al igual que el "proyecto de medidas de defensa contra desprendimientos" en esta zona que ejecutó Tesinsa, alertaba de distintos "elementos de riesgo" en el talud, como la previsión de "desprendimientos de magnitud considerable o de bloques de gran tamaño" probablemente "asociados a períodos de precipitaciones", que suponían "un riesgo para peatones y coches aparcados" porque "se encontraba en una situación de inestabilidad".
El escrito concreta que, "pese a estas advertencias", desde su "comienzo", la obra no dispuso de "medidas de seguridad eficaces frente a desprendimientos" del "alcance" del que causó la muerte del joven, ya que presuntamente la zona sólo contaba con "la propia valla perimetral" propiedad de Tesinsa que "únicamente actuaba a modo de cerramiento impidiendo el paso a toda persona ajena" a los trabajos.
Por estos motivos, el Ministerio Público considera que los tres técnicos municipales imputados, "actuando como operadores públicos" en su condición de "responsables" del Ayuntamiento, presuntamente "dejaron de adoptar o proponer medida alguna" para la "protección y seguridad" de las personas ajenas a las obras, a pesar de ser "conocedores de los antecedentes en materia de desprendimientos que a lo largo de los últimos años había experimentado la ladera del monte Urgull", "desoyendo el riesgo ampliamente documentado" y "obviando la diligencia debida para evitarlo".
En cuanto a los tres procesados responsables de empresas privadas, la Fiscalía señala que presuntamente "inadvirtieron los previsibles riesgos procedentes" de la ladera "inestable" y dejaron de proponer "medida alguna" para proteger la seguridad que tenían encomendada "en el desempeño de sus funciones específicas", a pesar de que conocían "las prevenciones y riesgos abiertos establecidos" en el proyecto.
El escrito indica que, de esta manera, todos ellos presuntamente "coadyuvaron con sus omisiones" al fallecimiento del joven, al haber faltado a la "diligencia debida y deber de cuidado en sus correspondientes desempeños profesionales".
