Martes, 25 de Enero de 2022

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Casos judiciales

Alonso pedirá al Constitucional que anule la condena por la destrucción de Chaves

Presentará recurso de amparo la próxima semana

Victorino Alonso en una de las sesiones judiciales

Victorino Alonso en una de las sesiones judiciales / cadena ser

La defensa de Victorino Alonso en el caso de la destrucción de la cueva de Chaves presentará recurso de amparo ante el Constitucional la próxima semana.

Es el siguiente paso con el que el empresario minero intentará no sólo no entrar en prisión sino que se revoque la sentencia condenatoria emitida por la Audiencia Provincial de Huesca y con la que se le ha impuesto una pena de dos años de cárcel y más de 25 millones de euros de indemnización por los daños producidos en el yacimiento neolítico más importante de España.

Según fuentes consultadas por Radio Bierzo, la defensa buscará una vez más que se aplique la prescripción de los hechos, ocurridos en el año 2007. Y es que, el empresario minero fue llamado a declarar hasta el año 2012, con lo que según los letrados que le defienden no se le hubiese podido ni juzgar ni condenar por un delito contra el Patrimonio Histórico que por su naturaleza, señalan, prescribe a los tres años.

El juzgado de Huesca que ha instruido el caso ha suspendido la ejecución de la condena de cárcel hasta que resuelva el Constitucional, por lo que falta saber si Alonso evitará efectivamente la prisión, de momento.

También está todavía por determinar quién satisfará la indemnización de más de 25 millones de euros, a favor de la administración, por los daños al Patrimonio del yacimiento que se recogen en la condena. El 5 de marzo acabó el plazo. Él no ha pagado, ni tampoco puede afrontar toda la deuda la sociedad Fimbas, de la que es dueño, declarada responsable civil subsidiaria como titular de la finca de Bastarás. La mercantil ha ofrecido como dación en pago las 2.000 hectáreas de terrenos, valoradas en 12 millones de euros, que ahora se registrará a nombre de la Diputación General de Aragón, aunque no cubre ni la mitad de la indemnización.

El gobierno de Aragón ha recordado, en las alegaciones que presentó al juez, que con la reforma legal de 2015 ya no basta declararse insolvente para cumplir con la responsabilidad civil y beneficiarse de la suspensión de la pena.

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