Viernes, 26 de Febrero de 2021

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Podemos presenta una Ley 'Anticorrupción' con multas de hasta 400.000 euros

El grupo parlamentario de Podemos en Madrid ha presentado una Proposición de Ley para crear una nueva Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude

Podemos presenta una Ley 'Anticorrupción' con multas de hasta 400.000 euros

OLAF

No sería la primera Agencia contra el Fraude y la Corrupción. Hay precedentes, tanto en España, como fuera de nuestro país, por ejemplo, la Oficina Antifraude Europea (OLAF), la Autorità Nazionale Anticorruzione en Italia (ANAC), o la Agencia Antifraude de Cataluña (OAC), una de las primeras oficinas que se activaron en España, allá por 2008. Otras comunidades también han seguido esos pasos, como por ejemplo, Baleares o Valencia. Sobre esta última se inspira la nueva Ley de Podemos en la Comunidad de Madrid.

[Consulta aquí la Ley al completo]

Podemos Madrid ha registrado una Proposición de Ley para crear una nueva Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Madrid. Esa oficina dependería directamente de la Asamblea de Madrid - para garantizar la independencia respecto al Gobierno regional- y su director sería elegido por mayoría cualificada – es decir, por el acuerdo de dos tercios del Parlamento madrileño-.

Esa agencia serviría como un instrumento de “prevención, investigación y combate del fraude y la corrupción”, según recoge el texto de la Ley. Pero también contempla un capítulo específico “para proteger a las personas denunciantes”. De hecho, esta Ley prevé una de las sanciones más duras en el caso de que se “incumpla las medidas de protección del denunciante cuando la falta de colaboración haya causado un grave perjuicio al denunciante o a la investigación”, en ese caso, se impondrán multas de entre 30.001 y 400.000 euros. Es el importe máximo para los casos infracciones muy graves, tales como la filtración de información en el curso de la investigación o no comunicar hechos “que sean susceptibles de ser considerados constitutivos de conductas fraudulentas o de corrupción o contrarias al interés general”.

Según se explica en el texto de la norma, esta agencia se crearía para “prevenir y erradicar el fraude y la corrupción de las instituciones públicas madrileñas y para el impulso de la integridad y la ética pública”. Podemos quiere que tenga un margen de actuación muy amplio, pero ese rango tiene su limitaciones, por ejemplo, esa hipotética Agencia para la Lucha contra la Corrupción no puede actuar “cuando haya una investigación judicial abierta ante el juez o el fiscal”, es decir, no puede investigar los mismos hechos que han sido objeto de sus investigaciones.

Aun así, el ámbito de actuación de la agencia es bastante amplio. Tendría capacidad de inspección en todo el sector público de la Comunidad de Madrid, es decir, las universidades públicas y sus organismos dependientes, las fundaciones, también la Asamblea de Madrid, la Cámara de Cuentas de Madrid, los partidos políticos, sindicatos, las organizaciones empresariales o todas aquellas personas – físicas o jurídicas- que hayan recibido ayudas o subvenciones públicas – con el objetivo de comprobar el destino y el uso de las ayudas o las subvenciones-.

Podemos no solo quiere poner el foco en las ayudas concedidas, también quiere ampliar el campo de inspección a las “actividades de contratistas y subcontratistas que ejecuten obras de las administraciones públicas”. Cada paso que de esta oficina quedaría recogido en un informe, cuya copia deberá enviará, una vez al año, a la Fiscalía Anticorrupción.

Esta Agencia para la Prevención del Fraude podrá utilizar todo tipo de recursos para poder inspeccionar, por ejemplo, no solo podrá acceder a cualquier información que se encuentre en poder de las personas investigadas, también podrán acceder a la la información de cuentas corrientes en entidades bancarias en que se hayan podido efectuar pagos o disposiciones de fondos relacionados con procedimientos de adjudicación de contratos del sector público o de otorgamiento de ayudas o subvenciones públicas.

Podemos intentará negociar ahora el apoyo del resto de grupos. A priori, son optimistas porque su Ley se basa en el texto de la Agencia que se creó recientemente en Valencia, aquella norma contó con el apoyo de PP y de PSOE, según apuntan desde la formación morada.

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