La directora del colegio de Getafe: "Fue un error querer sancionar a la familia"

Madrid

El 9 de noviembre Eduardo, un niño con autismo de solo 8 años, dejó de ir a clase en el Colegio de Educación Especial Santiago Ramón y Cajal de Getafe después de que su familia escuchara las vejaciones y el trato degradante de profesores y auxiliares recogidas por la grabadora que llevó cuatro días oculta entre la ropa y que han servido de base al juez que instruye el caso para imputar a tres trabajadoras de este centro. Sin embargo, fue un mes después, el 12 de diciembre, cuando el colegio abrió el protocolo contra el acoso escolar. Lo hizo, además, a instancias de la consejería de educación que, en un escrito firmado por el Director de Área Territorial Madrid-Sur, incluido también en el sumario, pidió expresamente a la directora, Maria Eugenia Veiga, investigar la denuncia de la familia por posible acoso.

Hasta entonces y durante ese mes, la dirección nunca preguntó a la familia de este pequeño, de Eduardo, qué había pasado, ni se interesó por su denuncia. Dedicó ese tiempo a intentar citar a los padres y al menor para abrirles un expediente sancionador, primero por la grabadora que metieron en el centro, y después por absentismo escolar. "Fue un error", tal y como reconoce la directora en el escrito en manos del juez. Maria Eugenia Veiga dice textualmente que "no era pertinente abrir un expediente" y que como resultado del error, "el procedimiento se ha tergiversado y se ha alargado innecesariamente el proceso". Es en ese mismo escrito, de 12 de diciembre, cuando la directora pide la intervención del equipo de acoso escolar de la Comunidad de Madrid.

Errores administrativos en el intento de expedientar a la familia

Además del reconocimiento de la dirección del Colegio Santiago Ramón y Cajal de Getafe de que cometió un error al intentar expedientar a los padres de Eduardo, la Cadena SER ha podido saber que el centro cometió toda una cadena de errores administrativos en la gestión de ese procedimiento. Según la normativa vigente, cuando se pone en marcha un expediente disciplinario a un estudiante de un centro porque ha cometido una falta muy grave es obligatorio notificar tanto al alumno como a sus padres los hechos que se le imputan y las sanciones que se podrían imponer. Algo que brilló por su ausencia en la comunicación que se hace a la familia, donde básicamente se invita a los padres a asistir a la toma declaración de su hijo en relación con el procedimiento abierto. Algo que tampoco contempla la normativa de la comunidad: a un menor, dice esta normativa, solo se le puede citar en compañía de sus representantes para una notificación.

Eduardo dejó de ir a clase el 9 de noviembre, cuando el colegio descubre la grabadora que llevó cuatro días escondida entre la ropa, y cinco días después, el 14 de noviembre, el centro abrió un expediente contra él. Según la denuncia, la familia les envió un escrito pidiendo conocer las causas y la respuesta llegó el 22 de noviembre: la directora les pedía que entregaran las instrucciones y la caja del dispositivo encontrado al menor, la grabadora. Sin embargo, el día 28 , cuando los padres son citados a una reunión, la directora no acude. Es entonces cuando la tutora, que está imputada en la causa, y la trabajadora social que sí acuden a ese encuentro les informan de que tienen que activar el protocolo de absentismo escolar.

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Los padres de Eduardo decidieron no llevar al niño a ninguna de las reuniones en el colegio para proteger a su hijo, en contra de lo que pretendía el colegio, algo que la psicóloga forense enviada por el juez para evaluar al menor, respalda en su informe. Desaconseja que Eduardo sea citado a declarar ni a la realización de entrevistas o pruebas relacionadas con su caso, dada la lesión en el plano psíquico, así como las alteraciones emocionales y desajustes conductuales que presenta.