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Caso de los ERE

Una ex asesora de Empleo insiste en que Chaves y Griñán "tenían conocimiento de los hechos"

María José Rofa hace esta afirmación en base a los informes que Empleo remitía a Presidencia sobre los conflictos laborales

Jose Manuel Vidal EFE

Sevilla

Ayer lo dijo y hoy lo ha repetido a preguntas del presidente del Tribunal que juzga a los políticos en el caso de los ERE. María José Rofa, ex asesora de la dirección general de Trabajo entre 2008 y 2011, ha manifestado por tres veces que su afirmación de que Chaves y Griñán, expresidentes de la Junta, tenían conocimiento “de los hechos” se basa “en el flujo continuo de información, en la forma de trabajar de manera continua, en los informes” que remitía su departamento a Presidencia sobre los conflictos laborales que existían.

Eran informes para responder a preguntas parlamentarias, informes para el gabinete jurídico, informes para explicar si existía “un conflicto, qué se estaba haciendo para resolverlo o por qué protestaban” antes de la visita a una zona. Esa información, “a veces”, también se transmitía “por teléfono a las compañeras”, ha contado la testigo.

Rofa también ha contado que la ayuda a los Astilleros de Huelva se pagó con dinero de la Consejería de Innovación hasta marzo de 2010 y luego con dinero que transfirió con consejería de Empleo.

También ha prestado declaración este miércoles Rosario Lobo, interventora y ex jefa de servicio de fiscalización. Ha afirmado que la Intervención no es garante de la legalidad completa de ningún expediente y que los informes de la Intervención no son vinculantes para aprobar una modificación presupuestaria.

Lobo fiscalízó una veintena de expedientes de las subvenciones otorgadas. “Estaban desordenados y con poca documentación”, ha dicho y luego ha enfatizado que “ninguna orden ministerial se ha aplicado a estos expedientes” ni la de 1995 ni la de 1994. La interventora considera que se tenía que haber publicado en el BOJA que IDEA tenía la delegación de competencia de abonar las ayudas que concedía la consejería de Empleo. Y entiende que toda subvención debe tener fiscalización previa y que fiscalizar una transferencia de financiación no significa fiscalizar la subvención.

Las acusaciones consideran ilegal el procedimiento de concesión de ayudas mediante transferencias de dinero de Empleo, órgano concedente, a IDEA, órgano pagador. La Intervención general de la Junta dijo que era un sistema “inadecuado”.

En este juicio están acusados los expresidentes andaluces Chaves y Griñán y otros 22 exaltos cargos de la Junta por la creación, el mantenimiento y la financiación de un sistema supuestamente irregular de concesión de ayudas socio laborales y directas a empresas, que existió entre 2000 y 2010.

 
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