La defensa de Díaz Alperi concluye que el aval sin tributar “benefició” a Hacienda

Alicante

Este viernes terminará el juicio contra Luis Díaz Alperi por tres delitos fiscales y otro de cohecho impropio y contra los tres empresarios (Antonio Moreno, Antonio Solana y Javier Palacio) procesados con él. Las defensas de éstos tendrán que exponer sus conclusiones definitivas para dejar el juicio visto para sentencia.

La del alcalde ha esgrimido este jueves en sus conclusiones definitivas que el aval de un millón de euros del empresario Antonio Moreno a Díaz Alperi, por el que éste no tributó, fue en realidad "en beneficio de la propia Agencia Tributaria", puesto que -alega- estaba destinado a pagar una deuda previa de Díaz Alperi con Hacienda. Lo considera, además, una "donación" e insiste en que el catamarán de Díaz Alperi estaba tanto a su nombre como al de su amigo, el también empresario Antonio Solana.

Tampoco ve su defensa "cohecho impropio" en el amarre del catamarán de lujo que el exalcalde tuvo cuatro años fondeado gratis en el puerto, porque no existió "ninguna dádiva" demostrable.

La Fiscalía, por su parte, ha insistido en el incremento patrimonial que Díaz Alperi no declaró y que obtuvo durante los tres años que se enjuician, 2007, 2008 y 2010, lo que llevó a supuestamente defraudar a Hacienda más de 682.000 euros. Mantiene así el fiscal su petición inicial de nueve años de prisión para el exalcalde por estos delitos y de nueve meses por el de cohecho.

Respecto al empresario Antonio Moreno, sostiene el fiscal que varios testigos han acreditado que éste firmó el aval de un millón de euros con el fin de que el ahora exalcalde afrontara una deuda previa con Hacienda, a cambio de que éste le introdujera en el mercado inmobiliario de Alicante. "Ni él tenía intención de cobrar esa deuda, ni Díaz Alperi de pagarla", ha reiterado.

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En cuanto al empresario Antonio Solana, no pone en duda su amistad con Díaz Alperi, pero sí cuestiona que pagase a partes iguales con éste el catamarán. Concluye que Solana fue quien puso prácticamente el total de los 852.000 euros que costó, y entiende que el verdadero dueño era Díaz Alperi.

Y sobre a la acusación de cohecho impropio, por la que pide 9 meses para Díaz Alperi y para el gerente de la Marina Deportiva, Javier Palacio, incide la Fiscalía en el testimonio de otros testigos, dueños de embarcaciones, que sí pagaban sus amarres, o incluso el propio Solana, que también lo hacía aunque con "un precio especial".

Tampoco cree el fiscal que los testigos hayan acreditado los ingresos de Díaz Alperi procedentes de la venta de lotería o serigrafías, por ejemplo. Hace hincapié en que muchos justificantes eran "papelitos hechos de mala manera", sin correlación de fechas, y varios, firmados a posteriori, una vez iniciada la investigación de la Agencia Tributaria.

Por su parte, la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en este proceso en representación de la Agencia Tributaria, descarta -igual que el fiscal- la versión de las defensas de que el aval millonario fuese una donación, porque no reúne las condiciones y porque tampoco tributó como tal, concluye.

Añade lo "absurdo" de que tras el supuesto robo del pagaré que Díaz Alperi firmó por el aval, ni acreedor ni deudor avisaran al banco para comunicarlo. Sólo tiempo después, y una vez iniciada la investigación, Díaz Alperi, ha dicho, "se puso las pilas" y se acordó de dicho pagaré y de los arbitrajes.

En cuanto al barco, tampoco considera acreditado que perteneciera también a Solana, como lo demuestra que los testigos y el propio patrón del barco apenas lo viesen por la marina deportiva, o que frente a las 133 veces que el patrón o Díaz Alperi pasaron su tarjeta por la entrada, Solana lo hiciera 9 y ninguna desde la fecha en que Solana vendió su propio barco, también amarrado en la marina deportiva.

Sostiene por último el Abogado del Estado que la sociedad instrumental Andarx, de la que "no constaban oficinas, ni que tuviera siquiera bolígrafos", dice, fue creada expresamente por el exalcalde para adquirir el catamarán y lograr ventajas fiscales y deducirse "impuestos prohibidos".

El juicio, que comenzó el pasado día 7 en el Juzgado Penal número 6, concluirá este viernes, tras diez sesiones.