“Procedimiento irregular no es igual a menoscabo de fondos públicos”

Sevilla

“Un procedimiento irregular, o con indicios de nulidad o con compromisos adquiridos sin crédito, no es igual a menoscabo de fondos públicos. En 2010 no habían indicios de menoscabo” ha dicho la ex interventora general de la Junta, Rocío Marcos, ante el Tribunal que juzga a los políticos en el caso de los ERE. Luego ha reconocido, como ayer, que las ayudas investigadas “habían escapado al control reglado de los interventores”, que existió un “ángulo muerto” que dejó “fuera de control” casi 800 millones de euros. Pero la responsabilidad, en su opinión, era de la dirección general de Trabajo y no de Hacienda o de la Intervencón.

“La ausencia de control no depende de la presupuestación de las transferencias de financiación”, ha respondido a las defensas. “El ángulo ciego que se crea en el control de las subvenciones está relacionado con la gestión que hizo la dirección general de Trabajo de las transferencias”, ha añadido. “Estamos ante un ángulo ciego porque estas concesiones de subvenciones no se sometían a fiscalización previa”, ha insistido más tarde a preguntas del abogado del exconsejero de Empleo, Alfonso Martínez del Hoyo.

Rocío Marcos ha llamado “irregularidad relevante” a las consecuencias que tuvo pagar subvenciones sin control previo del gasto y sin que existiera procedimiento para otorgarlas. Y ha dicho que no era posible saber en los presupuestos que las subvenciones las iba a pagar la Agencia IDEA, que “presupuestaba mal las transferencias de Empleo” con el conocimiento “de algunos directores”(de IDEA) porque cree que “alguien debía ser consciente de la situación”.

La testigo ha justificado que la Intervención no se planteó haber elaborado un informe de actuación, que hubiera puesto fin al sistema de pago mediantes transferencias de dinero de Empleo a la Agencia IDEA, porque para iniciar este procedimiento hacen falta "indicios razonables de una infracción de alcance, que es la que produce menoscabo" y esos indicios no se veían.

La ex interventora general de la Junta ha opinado, a preguntas del abogado del PP, que el Parlamento al aprobar las leyes de presupuestos no aprobaba la fórmula de pago de los ERE porque no estaba recogida ni en el texto articulado ni en el estado de gastos, “que es lo que aprueba el Parlamento”. Tampoco la Cámara de Cuentas de Andalucía podía detectar las irregularidades en estas ayudas porque nunca fiscalizó a la Agencia. Minutos después, a preguntas del letrado de la exconsejera Magdalena Álvarez, ha declarado que “no creo que el Parlamento pueda ser engañado” y que “los parlamentarios conocieron que las transferencias no se usaban para equilibrar la cuenta de IDEA sino para una finalidad específica” (para pagar ayudas socio laborales). Sin embargo, a renglón seguido, también ha afirmado que “de la lectura de la ficha de gastos y de las memorias no se podía desprender” que las transferencias de dinero de Empleo a IDEA eran para pagar subvenciones.

En este juicio se juzga si la Junta creó un sistema supuestamente prevaricador de concesión de ayudas que causó malversación de fondos públicos. Los 22 acusados supuestamente crearon, mantuvieron y financiaron un sistema supuestamente irregular de subvenciones sociolaborales y ayudas directas a empresas entre 2001 y 2010. Fueron subvenciones dadas sin procedimiento, sin control previo del gasto ni seguimiento posterior, según las acusaciones.