Las ayudas a las mujeres maltratadas nunca más estarán condicionadas por una denuncia previa

Madrid

La Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad (con los votos de PP, PSOE, Podemos y Cs) la modificación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, una ley que no se tocaba desde hace 13 años. Esta norma estaba obsoleta, desfasada y suponía una barrera para garantizar totalmente los derechos de las mujeres. Un ejemplo, desde 2005, en Madrid, cualquier mujer maltratada que quisiese acceder a las ayudas integrales debía acreditar que era una víctima de la violencia machista, lo que se conocía como 'título habilitante', y la única forma de acreditarlo era denunciando a su maltratador, es decir, si no había una denuncia previa ante la policía, estas víctimas no tenían acceso a las ayudas, como por ejemplo, el acceso a una vivienda pública de forma preferente.

Esa situación ha cambiado por completo. La Comunidad de Madrid ha marcado un antes y un después. A partir de ahora las mujeres maltratadas accederán a las ayudas integrales de forma preferente, simplemente con un informe favorable de los servicios sociales, aunque, como aclara la diputada de Podemos, Clara Serra, con la nueva ley habrá más vías para conseguirlo: "A partir de ahora también pueden acreditar que una mujer es víctima las profesionales especializadas de los centros de acogida, los de los centros de emergencia, las que atienden a las mujeres en los puntos municipales de violencia... También la Inspección de Trabajo, que puede acreditar, por ejemplo, un caso de acoso sexual en el ámbito laboral. También nuestros profesores, nuestros médicos de salud mental o los de Atención Primaria, podrán elevar a la dirección general informes técnicos justificando por qué consideran que una mujer es víctima de violencia machista".

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Llegar hasta aquí no ha sido una tarea sencilla. El anterior Gobierno de Cristina Cifuentes presentó un Proyecto de Ley para modificar esa ley. El Partido Popular propuso que las mujeres pudiesen acceder a las ayudas sin la necesidad de que hubiesen denunciado previamente a sus agresores, pero solo en casos "excepcionales" y ante casos de "necesidad extrema". El PP se quedó corto. Su texto pasó por la Comisión de la Mujer y fue allí, donde todos los grupos (salvo el PP, que se abstuvo) consiguieron dar un giro de 180 grados a la nueva Ley. Se pactó un texto mucho más ambicioso propuesto por Podemos donde se eliminó ese carácter excepcional, que había propuesto el Partido Popular.

"Por fin, en la Comunidad de Madrid, las ayudas a las mujeres maltratadas ya no estarán condicionadas a que haya una denuncia previa", ha celebrado Clara Serra, durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

No es un tema menor porque "en Madrid, los jueces deniegan casi el 50% de las órdenes de protección porque no tienen personal suficiente para la evaluación de riesgos", ha añadido la diputada de Podemos.

Con estos cambios Madrid se convierte en una de las primeras Comunidades Autónomas que aplica una de las principales recomendaciones del pacto de Estado contra la violencia machista.