La Comunidad denuncia un nuevo saqueo de 9 millones en el Canal de Isabel II
Tras un encargo a una consultora internacional, la Comunidad de Madrid ha localizado un nuevo expolio del que responsabilizan a Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de Ignacio González, al que han denunciado ante la Audiencia Nacional
Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II / Agencias
El Canal de Isabel II ha denunciado a Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica, por los delitos de administración desleal, falsedad contable y la apropiación indebida de 8.9 millones de euros, dinero que fue, supuestamente, saqueado del patrimonio público del Canal.
Así consta en la denuncia que han presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo. En el escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER, la Comunidad de Madrid acusa a Rodríguez Sobrino de haber sido cómplice del expolio que realizó Triple A – de la que fue accionista mayoritario- al pagar “cantidades millonarias por trabajos que nunca se llegaron a realizar”.
Se trata de un nuevo desfalco que ha sido detectado por los responsables de Inassa – la filial colombiana del Canal del Isabel II- que solicitaron a la consultora Grant Thornton que investigase las operaciones realizadas por Edmundo Rodríguez Sobrino, durante su etapa como gerente de Inassa y accionista mayoritario de Triple A. Los peritos de esa firma internacional han descubierto “nuevos delitos”, hasta ahora “no comprendidos en la investigación [del caso Lezo]". Y todos señalan a la misma persona, al número dos Ignacio González, que ya confesó que el expresidente cobró comisiones en Suiza.
En los informes periciales que el Canal de Isabel II ha aportado al juzgado se constatan “graves irregularidades” por parte de Triple A – propiedad de Inassa- que desarrollaba sus actividades mediante una filial llamada Recaudos y Tributos (R&T). Entre esos documentos destaca la investigación que realizó Gran Thornton sobre la contabilidad de Triple A y sus transacciones entre 2012 y 2016. En ese intervalo identificaron 92 operaciones por un importe de 8.9 millones de euros “susceptibles de albergar irregularidades”.
La principal sospecha es que Triple A pagó por unos servicios inexistentes. Por ejemplo, ocurrió con los contratos para el ‘movimientos de tierra, transporte de residuos sólidos y mantenimiento de redes’, operaciones que fueron contratadas a R&T – filial de Triple A-, quien subcontrató a Epsilon Gerencia de Proyectos S.A.S. “No se ha dispuesto documentación que acredite que los servicios contratados fueran efectivamente prestados”. Aquella fue la conclusión a la que llegaron los peritos privados tras entrevistarse con los trabajadores de Triple A, que confirmaron “la no constancia de la prestación de servicios contratados”, según aseguran en la denuncia.
A esa misma conclusión llegó la consultora contratada por Inassa con el resto de contratos bajo sospecha. “No se identifica justificación alguna de la prestación de los servicios para los que fueron contratados varios proveedores por un importe total de 8.9 millones de euros, importe que sin embargo fue pagado por Triple A”, añaden en el escrito aportado a la Audiencia Nacional.
Investigación abierta en Colombia
En su denuncia, el Canal de Isabel II recuerda que en la acusación que interpuso la Fiscalía General de Colombia contra el exgerente de Triple A, Ramón Navarro Pereira se apropió de 27.879.761.912 dólares, a través de 54 “órdenes de pedido ficticias” y otros “cuatro contratos de consultoría simulados”. La orden de cerrar esos contratos, “previa imposición”, la dieron “Ramón Navarron, gerente de Triple A y Edmundo Rodríguez Sobrino, gerente de Inassa y accionista mayoritario de Triple A”, apunta el Fiscal, “violando el manual de contratación”.
El Canal de Isabel II cree que ha quedado acreditado que Ramón Navarro y Edmundo Rodríguez Sobrino, en connivencia con otros empleados y trabajadores de Inassa y R&T, se apropiaron de sumas de dinero correspondientes a Triple A, de la que son accionistas el distrito de Barranquilla e Inassa. Por eso, han decidido denunciar al número dos de Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino y “demás personas que de la investigación resulten, tanto en España, como en Colombia".
Todo comenzó en 2012
En su denuncia, el Canal de Isabel II también recuerda que en 2012, Inassa y Triple A firmaron un contrato para “expandir y potenciar todas las actividades relacionadas con el ciclo integral del agua mediante la ampliación de sus servicios en Latinoamérica y el Caribe”. Para lograr ese objetivo, crearon la sociedad Helm Fiduciaria S.A, para ello, Triple A transfirió a Inassa 1.787.720.000 COP (pesos colombianos), al cambio cerca de 520.000 euros.
De toda la información y documentación analizada por los peritos de Grant Thornton, “no se ha identificado ningún documento, contrato o información que justifique la prestación de algún servicio. Tampoco consta documentación relativa a los posibles trabajos realizados por Inassa”, aclaran en el escrito presentado en la Audiencia Nacional.
