Vendex habría obtenido “beneficios presuntamente ilícitos” de más de 295 millones de euros
La compañía está invesitada en la Operación Pokemon y el auto relata que ha actuado "como una organización criminal"
Lugo
En un auto sellado el 22 de junio, la jueza del uno de Lugo, Pilar de Lara, y en respuesta a un recurso “de reforma”, sobre Vendex, una de las empresas investigadas en la macrocausa del caso Pokémon, dicha sociedad habría obtenido “beneficios presuntamente ilícitos” que suman más de 295 millones de euros.
En dicho auto judicial, la jueza llega a esa conclusión tras los informes de Vigilancia Aduanera que elevarían esos “beneficios presuntamente ilícitos” a 295.067.927,17 euros.
La jueza del uno de Lugo mantiene la existencia de “determinadas prácticas empresariales supuestamente delictivas llevadas a cabo por los administradores y delegados” de este grupo empresarial, que incluye entre otras compañías a Doal, PAU y Sermasa, y que tiene su sede en Madrid. Su administrador era el imputado Gervasio Rolando Dacosta.
Resume que “la actividad investigada se habría cometido presuntamente, tanto en el ámbito de la comunidad autónoma de Galicia, donde ab initio se centró la investigación como en otras comunidades autónomas, tales como Cataluña y Baleares”.
“Asimismo, al menos indiciariamente, se desprende que los distintos delegados empresariales del Grupo Vendex y las distintas empresas que las conforman vendrían actuando en connivencia con distintas autoridades y funcionarios públicos con la finalidad de conseguir la adjudicación de contratos de servicios públicos, fundamentalmente con ayuntamientos”, añade el auto.
En esta línea sostiene que, “en todo momento, los delegados seguirían las instrucciones del entonces administrador, Gervasio Rodríguez, quien habría urdido un plan organizado y preconcebido destinado a obtener de forma injusta e ilícita contratos administrativos, con los consiguientes perjuicios para las administraciones públicas y para los mismos ciudadanos”.
El método para acceder a las concesiones
Desgrana, el escrito del juzgado número uno, que el “método utilizado” en distintos ayuntamientos y otros organismos públicos, es el “mismo”, describiendo así “acercamiento y aproximación a determinadas autoridades y funcionarios hasta poder captarlos para los intereses del grupo empresarial, consecución de información privilegiada y elaboración de pliegos `a la carta´, todo ello dirigido a la obtención de contratos”.
Puntualiza que con “el agravante” de que el contratar “a un enchufado en una empresa concesionaria de servicios públicos, supone casi convertirle en funcionario público habida cuenta de que la empresa sucesora en la concesión tendría que subrogar dicho personal”.
En el escrito del juzgado, de ocho folios, se pone de relieve que “no puede dudarse de que el grupo Vendex ha venido actuando como una verdadera organización criminal, que además funcionar de forma estructurada y perfectamente jerarquizada”.
En consecuencia, la jueza Pilar de Lara conviene que “entendiendo que los hechos han de investigarse conjuntamente y llegado el momento, enjuiciarse de la misma forma, solo existen dos soluciones; o bien la atribución de la competencia a este juzgado de instrucción o bien a los juzgados centrales de Instrucción”.
Así finalmente, ya en la parte dispositiva, se desestima un recurso de reforma interpuesto en nombre y “representación” de Román Otero Ferreiro, de donde mana dicho auto judicial al que ha tenido acceso Radio Lugo - SER.