La Plataforma en Defensa de las Cuestas del Parque presentará un escrito al TSJG para que obligue al concello de Lugo al derribo del Garañón

Lugo

El abogado que representa a la Plataforma en Defensa de las Cuestas del Parque, Julio Pérez, ha anunciado que va a presentar un “escrito” ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia para que “se ejecute forzosamente” la sentencia que obliga a la demolición de las Torres del Garañón, urbanización a los pies del parque que fue paralizada judicialmente.

A su vez, por esta urbanización están siendo investigados por la jueza del uno, Pilar de Lara, el ex secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, de su etapa de concejal de urbanismo y el ex alcalde, Xosé López Orozco, entre otros.

Julio Pérez ha argumentado que “al carecer de licencia el proyecto de urbanización y ordenación urbanística la consecuencia es la demolición”, o cuando menos avisa “tendría que haber algún trámite” para el derribo. “No se ha incoado un expediente de reposición de la legalidad y sigue sin hacerse nada”, haciendo responsable de ello a la alcaldesa, la socialista Lara Méndez.

El abogado ourensano ha precisado que “la ley del suelo dice que es de inexcusable obligación adoptar las medidas de restauración de la legalidad y están incumpliendo la legalidad”, clama.

Es por ello, que ha justificado que se notificará al TSJG que “no se está haciendo nada, llevamos siete meses (desde la última resolución del alto tribunal para el derribo) y no han hecho nada, cuando debería de estar hecho el proyecto de demolición”. “El expediente de reposición de legalidad está claro, cuando no existe licencia ni proyecto de urbanización y está anulada la ordenanza urbanística hay que demolerlo. Eso es ilegal”, protesta.

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Julio Pérez apura al concello de Lugo a que “encargue el proyecto de demolición, que inicien el expediente y que encarguen ese proyecto que para eso el ayuntamiento tiene un servicio de arquitectura”.

Además desliza un ejemplo y traslada que “cuando los ayuntamientos ordenan a particulares demoler, le dan un mes para presentar un proyecto” de derribo y “luego llevarlo a cabo”. “Nosotros llevamos siete meses esperando”, se queja.

Finalmente advierte que de no llevarse a cabo la voladura de las dos edificaciones, que permanecen en pie, se podría incurrir “en un delito de desobediencia a la autoridad judicial” al incumplirse la ejecución de sentencia.