Las demandas de la Administración General del Estado y la justicia social entre las principales preocupaciones de la Subdelegación del Gobierno
Ángel Miguel califica de "actividad frenética" su aterrizaje en el cargo
Palencia
El Subdelegado del Gobierno en Palencia destaca como una de sus principales preocupaciones las demandas de distintos sectores de la Administración General del Estado. En este sentido considera que la situación ha empeorado respecto a 2011, fecha en la que ocupó durante 7 meses el mismo cargo.
Y es que tras su nombramiento, hace un mes escaso, Ángel Miguel ha mantenido encuentros con diferentes servicios de la administración que le han trasladado problemáticas que ante todo tienen que ver con falta de personal y recortes en distintos ámbitos incluidos los salarios. Entre las demandas más urgentes sitúa las de los representantes de la prisión de la Moraleja que lleva tiempo arrastrando problemas de conflictividad y envejecimiento de la plantilla entre otros.
En una actividad que ha calificado de "frenética" desde que llegara a la Subdelegación, ha podido entrevistarse además con representantes de sindicatos agrarios en relación a los daños sufridos en el campo por el pedrisco y ha atendido otras demandas en relación a los refugiados o a tráfico. En cuanto a la sanidad, recuerda que es necesario retener al personal facultativo en la provincia con plazas fijas, contratos de calidad y mejora de salarios y cree que algo ha fallado en la planificación de los últimos años que nos ha llevado a la situación actual.
En otro orden de cosas, se ha mostrado confiado en la ejecución del presupuesto destinado a la A67 y preocupado por el desequilibrio del reparto de la riqueza, la pobreza infantil y en general la justicia social.
De lo que espera del gobierno de Pedro Sánchez, ha destacado que confía en que pueda sacar adelante unos mejores presupuestos para 2019 que traigan "aire fresco" en políticas de igualdad, memoria histórica, e inversión en servicios. Lamenta además que la oposición vaya a vetar el objetivo de déficit más flexible propuesto por Europa que hará perder a las comunidades autónomas cerca de 2.500 millones de euros.