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Denuncian retrasos en el cobro de salarios de una empresa de animación que trabaja en Pinto y Getafe

LLevan desde junio sin cobrar

La empresa Arjé Formación ha ofrecido sus servicios de animación sociocultural en Getafe y Pinto en campamentos urbanos de verano. / Adam Berry Getty Images Europe

Getafe

CCOO ha denunciado que unos 700 trabajadores de la empresa de ocio educativo y animación sociocultural Arjé Formación vienen sufriendo retrasos en el cobro de sus salarios de forma intermitentes desde el pasado año. Esta empresa imparte talleres y cursos en centros culturales de la capital y en localidades como Getafe, Pinto o Coslada, en campamentos urbanos durante el mes de junio.

El sindicato denuncia que ya hubo retrasos en el pago de los salarios en noviembre y diciembre del pasado año y en febrero y mayo de 2018, pero ninguno, dicen, “ha sido tan escandaloso como el que están padeciendo en la actualidad”, ya que los trabajadores llevan desde junio sin cobrar.  Según la plantilla, la empresa no envió “correctamente los certificados de empresa al SEPE, por lo que quienes tienen derecho al paro han sufrido un retraso de unos 15 días para poder solicitar la prestación que les corresponde”. Esto ha hecho que una gran parte de ellos hayan tenido que solucionarlo por su cuenta, dada la necesidad urgente de ingresos. Y es que según recuerda Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Educación de CCOO Madrid, “la mayoría son trabajadores en precario, con sueldos de miseria y condiciones laborales penosas”. La empresa argumenta retraso en los pagos de algunos ayuntamientos, como es el caso del de Getafe, aunque Galvín dice haber pedido explicaciones al Ayuntamiento y comprobaron que los pagos estaban "en tiempo".

Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, habla de la situación que atraviesan los trabajadores de Arjé Formación, empresa de animación sociocultural.

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Denuncia que aunque la empresa presta un servició público, al trabajar para ayuntamientos, muchos de los trabajadores son contratados por empresas privadas a través de licitaciones periódicas, “sin que las administraciones públicas ejerzan ningún control” sobre si las condiciones laborales cumplen la Ley.

 
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