Los peritos de la Intervención insisten en la "ilegalidad" de los ERE

Sevilla

 Emplear las transferencias de financiación para cosa distinta de lo que marca la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía es “ilegal e inadecuado”, han afirmado los peritos que designó Alaya para investigar el caso de los ERE, funcionarios de la Intervención General del Estado. Peritos que han ratificado todo su trabajo. “Si la clasificación económica de una partida en los presupuestos indica que su finalidad es para pagar a los funcionarios solo se puede emplear para eso”, han defendido. Y si otra indica que es para transferencias de financiación “esa partida solo se puede emplear para lo que diga la ley que son las transferencias de financiación”; por tanto no cabe pagar con esas transferencias ayudas socio laborales o directas a empresas como ha hecho el Gobierno andaluz entre 2000 y 2010. Las transferencias tenían que ser solo para equilibrar la cuenta de las empresas públicas, han explicado.

En cambio, según los peritos de las defensas, el nombre de una partida en los presupuestos no indica el fin al que se destina ese dinero. La clasificación económica no predispone la ejecución del gasto; era una especie de "clasificación en grandes conceptos", han señalado para rebatir el argumento en el que se sostiene la acusación.

Este martes ha comenzado la que para muchos es la prueba principal del juicio, la prueba que puede inclinar la balanza hacia la condena o la absolución.

La forma de elaboración del presupuesto y el anteproyecto de ley de los presupuestos, la clasificación de las partidas presupuestarias, el papel de los consejeros y directores generales en la elaboración del presupuesto andaluz, las órdenes que regulan ese trabajo, la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía y sus referencias al papel de los acusados en las cuentas andaluzas. Todas estas cuestiones se han puesto sobre la mesa del Tribunal y de todo ello han discrepado los peritos. Y entre los peritos de las defensas también se han visto diferencias entre los que han analizado el papel de los ex altos cargos de Hacienda y el que ha estudiado la responsabilidad de los acusados de la consejería de Empleo.

“La consejería de Economía no puede vetar los gastos de las demás consejerías. La consejera de Hacienda no tiene competencia absoluta en la elaboración del presupuesto aunque su papel es preponderante”, ha manifestado el perito de la exconsejera Magdalena Álvarez.

En esta fase del juicio, los peritos tendrán que responder a preguntas cruciales, entre ellas si estaba elaborando el Gobierno andaluz de forma irregular el presupuesto para pagar subvenciones y ayudas al margen de las leyes.

De momento, en la primera sesión el fiscal no ha tenido tiempo de formular ni una decena de preguntas porque los peritos pueden discrepar sobre la marcha y argumentar a cualquier respuesta de otro.

La base de la acusación son los diferentes informes de los peritos de la Intervención. En ellos establecieron que la Junta tramitó y pago subvenciones y ayudas directas con un procedimiento inadecuado, que impedía la fiscalización previa de ese gasto en la consejería de Empleo, que era el órgano concedente. También señalaron que los consejeros de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, no hicieron nada para evitarlo a pesar de las advertencias de la Intervención General de la Junta. También culpan al interventor general de no haber paralizado este sistema porque nunca emitió el llamado informe de actuación, al que estaba obligado cuando advirtió las irregularidades.

Todos estos razonamientos serán rebatidos en la Sala por los peritos de las defensas. Avalarán el uso de las denominadas transferencias de financiación para dotar estas ayudas. Defenderán también, como hicieron ante el Tribunal Supremo, que si se comparan las subvenciones dadas por el procedimiento ordinario y las financiadas por transferencia de financiación no hay diferencias sustanciales, en cuanto a su control.

En este primer juicio de los ERE se sientan en el banquillo 22 exaltos cargos de la Junta, entre ellos dos expresidentes, Chaves y Griñán, y seis exconsejeros de Empleo, Hacienda e Innovación.