Sobre la aprobación del Estatuto
Santa Cruz de Tenerife
En un momento de asueto entre los grandes asuntos que preocupan al país, como el máster de Casado, la tesis de Pedro Sánchez o los huesos de Franco, el Congreso encontró tiempo ayer para ocuparse de una nimiedad como votar la reforma del Estatuto de Autonomía, que nos llega con más de una década de retraso. Por supuesto, a todos los que se alegran, el asunto les ha parecido “histórico”, no así a Ciudadanos (que se abstuvo) ni a Podemos (que votó en contra).
Es cierto que el nuevo Estatuto no incorpora un catálogo de nuevas competencias –ni falta que hace, la mayor parte de las competencias de interés para canarias llegaron con la Lotraca de 1982-, pero, además del reconocimiento del ‘mar canario’ sí implica la plasmación de un modelo basado en dos patas fundamentales: un amplísimo autogobierno, reconocido en el propio Estatuto, y un sistema de financiación que envidian el resto de las regiones españolas, incluido el País Vasco. España no solamente asume y financia vía REF un extraordinario elenco de ayudas estatales de distinto tipo y pelaje, también renuncia a cobrar el IVA, con un tipo general del 21 por ciento, que en Canarias es sustituido por el IGIC, con un tipo general tres veces inferior al estatal, y cuyos recursos se destinan íntegramente a financiar el funcionamiento de las administraciones canarias.
REF y Estatuto han recibido el empujón del Congreso hacia el Senado en la misma semana. El REF debería estar aprobado antes de finalizar octubre, y el Estatuto antes de final de año. El único escollo, las normas electorales, no va a frenarlo: el presidente Clavijo volvió a recordar ayer que aunque Coalición no comparte la ampliación de la cámara canaria a 70 diputados, el Estatuto es “tan importante” para las islas que Coalición no pondrá “ningún tipo de obstáculo o pegas” al sistema electoral. Porque si el Estatuto no se aprueba en esta legislatura, decaerá y habrá que empezar de nuevo desde el principio en la próxima.
El problema no va a ser, por tanto, la reforma electoral, sino la inestabilidad política nacional: crucemos los dedos para que no se convoquen elecciones anticipadas antes de que concluya el recorrido legislativo del Estatuto y el REF. No vaya a ser que haya que esperar otros cinco (o diez) años más.
