Consenso parlamentario para eliminar los aforamientos en Navarra

Pamplona

La propuesta realizada por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para eliminar los aforamientos a los miembros de Congreso y Senado mediante una reforma constitucional no afectaría a los 50 parlamentarios forales ni a los miembros del ejecutivo foral. Para ello sería necesaria una reforma del Amejoramiento, el equivalente navarro al estatuto de Autonomía y en la tertulia parlamentaria de la SER todos los grupos representados se han mostrado favorables a esa posibilidad.

"Ningún problema en quitar los aforamientos", señala el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, cpn el que coincide la socialista Inma Jurío, que recalca que "también se han pronunciado a favor de eliminarlos" en Navarra. "Sin ningún problema", remarca Koldo Martínez, de Geroa Bai, en respuesta a esa posibilidad a lo que Maiorga Ramírez, de EH Bildu avanza que "mucho estaba tardando", esa retirada de la jurisdicción especial. Por su parte, la portavoz de Podemos-Orain Bai, Laura Pérez, señala que los componentes de ese grupo "firmaron la renuncia al aforamiento" al tomar posesión del cargo. Sin embargo, en la práctica, la única manera de renunciar al aforamiento es dimitir del cargo, como hizo el entonces diputado Santiago Cervera, en 2012 cuando fue arrestado por la Guardia Civil acusado de un chantaje al presidente entonces de Caja Navarra, José Antonio Asiain. Cervera renunció al acta de diputado para ser encausado por la jurisdicción ordinaria que, tras una compleja instrucción a cargo del juez Fermín Otamendi, acabó siendo absuelto por un juzgado de lo Penal de Pamplona.

Para reformar el Amejoramiento para eliminar estos aforamientos la iniciativa no corresponde al Parlamento, como ocurre en la mayoría de estatutos, sino a los gobiernos navarro y central, que por el carácter paccionado del marco foral se tienen que poner obligatoriamente de acuerdo en esa reforma. Una vez acordada por ambos gobiernos tend´ria que ser aprobada por el legislativo foral y las Cortes Generales.

La presidenta del Gobierno y sus consejeros están protegidos por el artículo 27 del Amejoramiento del Fuero, que marca que su responsabilidad penal es exigible ante la sala correspondiente del Tribunal Supremo. De hecho, fue ante este tribunal al que se trasladó la causa de las dietas de Caja Navarra instruída por la juez Mari Paz Benito en Pamplona cuando la magistrada vio indicios que podían implicar a la entonces presidenta, Yolanda Barcina. El Supremo archivó el caso en julio de 2014.

Por su parte, los 50 parlamentarios forales responden ante el Tribunal superior de Justicia de Navarra, salvo que el suceso por el que se les acuse haya sucedido fuera de Navarra, que entonces el caso sería instruido en el Supremo.