Miércoles, 03 de Marzo de 2021

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Los sindicatos no descartan llevar a Vestas a los tribunales si finalmente cierra Villadangos

Creen que la legislación española no ampara que una empresa con beneficios deslocalice su producción

Los dirigentes de los sindicatos UGT Miguel Ángel Gútierrez Fierro (2i) y Evelio Angulo Alvarez (1i), y CCOO Vicente Andrés (2d) y Gonzalo diez Piñeles (1d), comparecen en una rueda de prensa para analizar la situación de Vestas

Los dirigentes de los sindicatos UGT Miguel Ángel Gútierrez Fierro (2i) y Evelio Angulo Alvarez (1i), y CCOO Vicente Andrés (2d) y Gonzalo diez Piñeles (1d), comparecen en una rueda de prensa para analizar la situación de Vestas / R. García (EFE)

Los sindicatos UGT y CCOO viajarán a Bruselas del 24 al 26 de septiembre para llevar ante la Unión Europea el conflicto surgido en León ante el cierre de la planta de Vestas, multinacional a la que acusan de "mentir", y han reclamado al Gobierno central que no cierre un acuerdo con la empresa que sería darle "un cheque en blanco" y atarles a ellos "de pies y manos".

Así lo han expresado en rueda de prensa el secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés; el vicesecretario de UGT en la Comunidad, Evelio Angulo; y los responsables de las federciones de Industria de ambos sindicatos, Gonzalo Díez Piñeles (CCOO) y Miguel Ángel Gutiérrez Fierro (UGT), quienes han abordado la situación ante el anuncio de cierre de la fábrica de Vestas en Villadangos del Páramo (León), que afectaría a cerca de 500 puestos de trabajo directos y unos 1.500 indirectos de 45 empresas suministradoras y de servicios.

Los responsables sindicales han explicado la declaración de los componentes del Diálogo Social (Junta, patronal y sindicatos) que llevarán a Bruselas en las reuniones que mantendrán los días 25 y 26 de septiembre --viajarán el 24-- con el Consejo Económico y Social de Europa, la confederación intersindical Industriol-CES y diputados españoles.

Evelio Angulo ha señalado que se trata de dar una "respuesta en toda línea" ante una situación que no debe permitirse en la legislación europea con una empresa "desaprensiva", cuyo cierre se puede evitar y que tiene una cuota de mercado en Castilla y León en energías eólica del 20 por ciento y en el país cercana al 27.

Se trata de "europeizar" una solución porque en España no es posible a la vista de la falta de acuerdos en las reuniones, entre ellas la que se produjo en Madrid con el Gobierno central, que ha asegurado que fue un "acto de frustración" y en la que no había atisbo de acuerdo "por mucho que alguien se empeñe".

A este respecto, Vicente Andrés ha asegurado que "flaco favor" haría el Gobierno --del que ha asegurado que es "joven" y no sabe la "experiencia" que tiene en estos confilctos-- con la firma de un "cheque en blanco" que les "ataría de pies y manos" a ellos.

Andrés ha incidido en que en el mismo sólo se contemplan posibilidades similares a las que en su día hizo Lactalis ante el cierre de Lauki, que ha afirmado que les "engañaron" y esto es también un "manifiesto engaño" en el "contenido y el envoltorio" con el que pretenden incluso que se les ayude a traspasar el negocio.

Peticiones a Europa

Ante esta situación, Evelio Angulo ha señalado que acuden a Europa, en un trabajo "paralelo" a lo que supone la negociación del ERE extintivo, con una declaración en la que se expresa la "alta preocupación" por el cierre de la empresa en una provincia ya muy afectada por distintas crisis al tiempo que se plasman algunas reivindicaciones y peticiones a la Unión Europea.

Así, se demanda una regulación que impida de forma "concluyente" que el cese de actividades de una fábrica sin razones objetivas sometidas al análisis por empresa y administraciones signifique la desaparición de la actividad productiva. Además, se exige que en su caso se obligue a acompañar dichos ceses a propuestas de proyectos industriales alternativos que permitan el mantenimiento de la actividad y el empleo y se preserve y refuerce el tejido industrial de la zona.

De la misma forma, se reclama que cuando se produzcan estos ceses de actividad en proyectos beneficiados por fondos europeos, que en este caso cifran en cerca de 13 millones, se tenga que garantizar la devolución de los mismos en los plazos que se establezcan con el fin de garantizar el principio de equilibrio territorial para el que se destina este dinero.

También los sindicatos consideran que en la definición del programa de cohesión 2021-2027 se debe establecer que las ayudas y financiaciones que del mismo se deriven "no servirán para financiar deslocalizaciones dentro de la Unión Europea ni fuera de la misma".

Asimismo, se propone que la legislación priorice un modelo que garantice la adquisición de bienes de equipo cuya transformación y valor añadido se enclave en territorios de la Unión Europea, que ha destinado fondos para el equilibrio territorial, de manera que se tengan en cuenta por ejemplo, en la subasta de energía renovables, dónde se va a fabricar.

Por su parte, Vicente Andrés ha advertido de que el conflicto se produce ante uno de los sectores que "dominan el mundo", con una posición de "fuerza" ante la que no se van a "resignar" y esperan "convencer" a la empresa de que hay soluciones en las que ambas partes ganen, de lo que hay antecedentes en Castilla y León como Fontaneda, Dulciora, Puertas Norma o Antibióticos, para lo que hay "buena base" y en lo que trabaja la Fundación Anclaje con un instrumento como el protocolo de empresas en crisis.

El objetivo en Bruselas trata, por un lado, de "frenar" el cierre y, por otra, abrir o "reforzar" los espacios de negociación y ha incidido en que la situación es similar a la que se produjo con Lauki porque se trata de una empresa que tiene beneficios y por lo menos se trata de que las instalaciones queden en su lugar para tratar de buscar nuevos inversores.

Retirada del ERE

Andrés ha pedido que se retire el expediente de regulación, con lo que considera que "seguro" que se llegaría a un acuerdo y ha expresado sus dudas sobre si la empresa "impondrá" esta situación y llegará al extremo final pero ha advertido que a pesar de dos reformas laborales "muy duras" en las que se ha flexibilizado el despido "no se puede cerrar sin más".

En este sentido, ha advertido de que hay un vacío en la legislación y el cierre se puede considerar "ilegal" porque es una deslocalización que no está contemplada, no hay razones, y sería posible una "batalla judicial" a la que no quieren llegar.

Por su parte, Gonzalo Díez ha recordado los récord de producción de la factoría, con 15 años de trayectoria y capacidad de producción, perteneciente a una empresa que en todos los documentos que traslada simplemente son declaraciones de intenciones, sin compromisos, cuando lo que se pretende es mantener el empleo de una plantilla joven y preparada que pueden acabar "de camareros" o en otras comunidades con las capacidades adquiridas en Castilla y León.

En este marco, Miguel Ángel Gutiérrez ha advertido del "chantaje" de la empresa al Gobierno, cuando se lleva la producción a lugares como China o India y ha insistido en la necesidad de que no se cierre la fábrica, incluso aunque tuviera que reducirse el número de trabajadores, caso que ocurrió con LM, que estuvo "bajo mínimos" y ahora tiene 800 trabajadores.

Los responsables sindicales han advertido de la "gran mentira" que sostiene la empresa a la hora de ofrecer recolocaciones y otras medidas, cuando peligra el empleo en las otras fábricas que tiene en la empresa, sobre todo la de Viveiro (Lugo), que suministraba a la de León, mientras que en Daimiel (Ciudad Real) no se ha renovado a 400 eventuales.

Evelio Angulo ha aseverado que la empresa tiene la credibilidad "bajo cero" y ha estado engañando a los gobiernos, están "instalados en la nebulosa de la mentira" y trata de "mentir y mentir" a ver si alguno "pica".

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