¿Quién controla la calidad de los intérpretes en un juicio?

Madrid

Jueces, abogados y traductores e intérpretes, reclaman mayor control de calidad sobre las traducciones que se realizan en los juzgados de la Comunidad de Madrid. Faltan traductores e intérpretes de plantilla. Desde hace 20 años no se incorporan nuevos profesionales. En total son 8 para todos los juzgados, carencia que se cubre con los servicios de empresas privadas.

El problema, y en ello también coinciden, es que la calidad que prestan no es la mejor y muchas veces "se evidencia la falta de profesionalidad" como denuncia Rosa María Freire, magistrada del juzgado número 32 de Madrid. "No hay unos estándares mínimos de calidad".

De la interpretación que hacen estos profesionales cuando el juez no conoce el idioma de las víctimas o de los detenidos puede depender, explica la magistrada, decisiones tan importantes como "dejar en libertad o enviar a prisión a una persona" y eso añade muchas veces está en manos de un servicio de interpretación "que nadie fiscaliza".

Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que es imposible intentar cubrir todos los idiomas y dialectos con personal propio, por eso se recurre a empresas privadas. Y lo hacen, señalan las mismas fuentes, de acuerdo con la Directiva Europea sobre Traducción e Interpretación, pero también reconocen que no hay ninguna premisa, nada que sirva para evaluar la cualificación del personal que emplean, por lo tanto, de la calidad del trabajo que prestan. Sin embargo, aseguran que el año pasado solo se recibieron dos quejas de un volumen que ronda los 7.700 servicios.

Los traductores e intérpretes que son personal propio de la Comunidad de Madrid reclaman que se aumente la plantilla porque resulta difícil de explicar que para una comunidad como Madrid solo haya un traductor de chino, otro de árabe y ninguno de ruso por ejemplo, teniendo que dejarlo en manos de personal externo muchas veces sin la cualificación necesaria

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Isidro Moreno de Miguel, coordinador del Servicio de Orientación Jurídica del Turno de Oficio y Vicente Peláez, coordinador del servicio de atención Jurídica de Menores recuerdan que "es un derecho" que les asiste tanto a la víctimas como a los acusados, "muchas veces menores".

"Más de una vez se han aplazado diligencias por la tardanza o porque era evidente la falta de conocimiento del idioma del propio intérprete". La justicia tiene que ser rápida y cuando se entorpece por cosas como estas, "la justicia no es justa".