La Comunidad fue alertada en 2015 de lo que podía ocurrir con Idental
Ese año el Colegio de Odontólogos denunció en la Dirección General de inspección la existencia de una clínica de Idental en Méndez Álvaro que no sólo no aparecía en el registro de establecimientos sanitarios, sino que incluso anunciaba subvenciones de los tratamientos por parte de la Comunidad de Madrid
Clínica de iDental / CADENA SER
Comunidad de Madrid
Las denuncias y advertencias de este tipo se repitieron en 2016, 2017 y 2018 sin que la comunidad diera una respuesta mínimamente contundente. Los odontólogos, según un documento publicado en su web, transmitieron a la administración las irregularidades en materia de publicidad, de comercialización de tratamientos, mala esterilización y abandono de pacientes. También abrieron expediente a un centenar de colegiados de Idental por mala praxis.
Pero esta no fue la única vía por la que la Comunidad tenía conocimiento de la situación. La Dirección General de Consumo recibió en tres años 3.300 reclamaciones (más de la mitad en el segundo trimestre de 2018) y 567 solicitudes de arbitraje. Denuncias sobre publicidad engañosa, cláusulas abusivas, incumplimiento de contrato, pero también relacionadas con los tratamientos odontológicos que la Subdirección General de Atención al Paciente derivó al departamento de consumo.
Dos años después de las primeras denuncias comenzaron las inspecciones de la Consejería de Sanidad y se abrieron un total de 19 expedientes a estas clínicas, pero nunca por el trabajo de los dentistas, que no se fiscalizaba, si no por el tipo de local, la composición de la plantilla, las titulaciones de los trabajadores o su colegiación. Respecto al control de la praxis sanitaria la competencia es del Colegio de Odontólogos que, como decimos, abrió un centenar de expedientes sancionadores e incluso retiró la colegiación a decenas de dentistas de Idental.
Los 130.000 pacientes atendidos en la Comunidad de Madrid todavía no han podido conseguir sus historiales médicos. Un documento que necesitan para poder denunciar la estafa en los tribunales y para que les realicen un peritaje odontológico que pude costar 1.500 euros si quieren presentarlo ante un juez.
Los pacientes que acudieron a estas clínicas 'low cost' son personas con pocos recursos. Pacientes a los que la sanidad pública no les da solución y que económicamente no pueden acceder a otro tipo de odontólogos. Trabajadores de Idental aseguran que: "Llegaban a cientos, esperaban horas y horas solo por un presupuesto que rebajaba a la mitad el precio de los especialistas del mercado. Se ponían en manos de odontólogos que acababan de terminar la carrera. Además el material que se usaba era de muy baja calidad"
Según el Plan de Inspección de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Inspección debe "proponer la adopción de las medidas adecuadas para preservar la salud de los ciudadanos, en los supuestos en que se detecte la existencia de un riesgo en la actividad asistencial".
Tres mil reclamaciones y cientos de expedientes después (abiertos por el Colegio de Odontólogos), no fueron suficientes para que la Comunidad tomara medidas. Con haber aplicado la Ley de Sociedades Profesionales de España hubiera sido suficiente. Esta norma, según Antonio Montero (Presidente del Colegio de Odontólogos de Madrid), dice: "que si para el ejercicio de una actividad se necesitan profesionales que estén colegiados, la titularidad del negocio debería estar en manos de profesionales colegiados, al menos en el 51% de las acciones. De esa forma los colegios oficiales podríamos hacer un control más exhaustivo de su trabajo, pero como en España esta ley no se cumple la titularidad está en manos exclusivamente de empresarios.
