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Sábado, 19 de Octubre de 2019

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La organización de las fiestas del Barrio Covadonga se siente criminalizada

Tras ser denunciados por el Ayuntamiento desisten de organizar las fiestas

Integrantes de la Asociación San Amancio junto a la concejala de festejos, Patricia Portilla. / ()

La Asociación Cultural San Amancio, organizadora de las fiestas del Barrio Covadonga, afirma sentirse criminalizada, tras avanzar la Cadena SER que ha sido denunciada por el ayuntamiento ante la fiscalía.

Fuentes de la asociación anuncian que desisten de seguir organizando las fiestas y, sin entrar a valorar las posibles responsabilidades penales en las que han incurrido, han manifestado a la Agencia Efe que "han actuado de buena fe".

Esas mismas fuentes mantienen que las alegaciones presentadas al expediente administrativo abierto por el Ayuntamiento, acreditan hasta el último euro" pese a que el consistorio opine todo lo contrario y haya exigido la devolución de los 55.000 euros de las subvenciones concedidas en los últimos cuatro años y haya paralizado la concesión de otra subvención de 15.000 euros correspondiente a 2018.

Tal como ha informado la Cadena SER, el Ayuntamiento de Torrelavega ha presentado denuncia ante la Fiscalía tras constatar las presuntas irregularidades cometidas por la Asociación Cultural San Amancio y considerar que algunos de los hechos pueden encajar en conductas tipificadas como delitos penales.

Además, fuentes municipales han confirmado que uno de los datos más reveladores en el caso es que la propia Asociación, en sus alegaciones, viene a reconocer que las facturas presentadas en primera instancia para justificar las subvenciones a las fiestas no son válidas.

Como resultado de estas averiguaciones, y ante la posibilidad de que se pueda estar ante delitos tipificados en el Código Penal por una presunta falsedad documental, la secretaría municipal ha procedido a denunciar los hechos ante la Fiscalía para que ejerza las acciones penales que estime oportunas.

Según Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT), formación política que destapó estas irregularidades, "podríamos estar ante delitos de falsificación de documentos, fraude continuado y, quizás, malversación de fondos públicos", lo que puede conllevar entre cuatro y ocho años de prisión.

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