Griñán "era consciente de las vulneraciones groseras y de las disposiciones de caudales públicos"

Sevilla

Anticorrupción desgrana este martes uno a uno los indicios y pruebas que existen contra cada uno de los 21 acusados en este juicio político de los ERE. José Antonio Griñán, como responsable máximo de la elaboración de los presupuestos andaluces cuando fue consejero de Economía y Hacienda, “era consciente de las vulneraciones groseras y de las disposiciones de caudales públicos” al margen de las leyes para pagar las ayudas investigadas, según el fiscal. Haciendo así suyas las palabras del juez que lo procesó, Álvaro Martín, y citando lo declarado ante el Supremo por el ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, Anticorrupción ha pedido que Griñán sea condenado por los supuestos delitos continuados de malversación y prevaricación.

Griñán se defendió señalando que solo el informe de actuación, que nunca emitió la Intervención, podría haber acabado con el sistema supuestamente ilegal de pago de estas ayudas. Pero Gómez declaró ante el Supremo que escudarse en que la Intervención no emitió el llamado informe de actuación, para mantener el llamado procedimiento específico, es “una excusa, un planteamiento erróneo y pintoresco”.

Ese procedimiento consistía en transferir dinero de Empleo a IDEA para que la agencia pública abonara las ayudas otorgadas por la consejería, con lo que el interventor de Empleo no podía fiscalizar la ayuda y los interventores de IDEA no accedía a los expedientes de concesión, expedientes que en muchas ocasiones no contenían ni solicitud ni resolución de otorgamiento.

El fiscal ha repetido lo manifestado por el exinterventor general para solicitar la condena de Griñán. Ha recordado que si la Intervención le advierte de un déficit debe tomar medidas sin esperar ninguna otra advertencia. Ha recordado que por ley en caso de menoscabo de fondos públicos o de irregularidades es al consejero de Hacienda a quien corresponde tomar medidas. “La Intervención advierte pero no tomas decisiones”, ha insistido la Fiscalía. “El consejero es quien debe proteger los derechos de la Hacienda pública”.

La Intervención general de la Junta emitió en 2005 un informe donde consideraba que la fórmula de pago de las ayudas socio laborales y directas a empresas que concedía Empleo y pagaba IDEA era inadecuada. Ese documento se remitió a los consejeros de Hacienda, Empleo e Innovación, aunque no lo leyeron, según han declarado.