A vueltas con la Educación

Palencia

Parece que siempre que hay un cambio de gobierno tiene que haber un cambio en la Ley de Educación. Es una constante que viene produciéndose a lo largo de toda la democracia.

La ministra Celaá acaba de presentar un nuevo borrador de Ley Educativa, con la que el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve una vez más a romper el consenso que debería, en todo momento, presidir cualquier cambio que afecte a la formación de nuestros alumnos.

Pero con esta nueva reforma que plantea el PSOE ese consenso queda roto. El proceso de diálogo abierto por el anterior ministro del PP, Méndez de Vigo, para intentar alcanzar un Pacto Nacional por la Educación, ha quedado en aguas de borrajas y todo el trabajo adelantado a lo largo de más de año y medio de debate y acercamiento entre grupos políticos y todo tipo de colectivos del sector se ha ido al traste.

Y esto, no debería ser así. El consenso y el diálogo son fundamentales si queremos que la educación de nuestros hijos sea la mejor posible. Quieren ahora imponernos la novena Ley de Educación de la democracia. La novena, y, de nuevo, llega sin el ansiado consenso. Más bien, llega de la mano de la imposición, como una propuesta que únicamente busca satisfacer a los socios de gobierno de Pedro Sánchez, Podemos y los independentistas.

Por un lado, se recortan las posibilidades de la escuela concertada, aunque exista demanda de las familias, y, por otro, se entrega por completo a los gobiernos autonómicos la competencia sobre las lenguas cooficiales, lo que pone en claro peligro en algunos territorios la enseñanza en castellano, por mucho que algunos insistan en negarlo.

Pero lo más preocupante de la reforma que propone el Gobierno de Pedro Sánchez es la posibilidad que se abre a superar el Bachillerato con una asignatura suspensa. Se va a desterrar de nuestro sistema educativo la cultura del esfuerzo y será un órgano colegiado el que determine si un alumno puede obtener el título de Bachiller sin haber superado todas las asignaturas.

Es un gran despropósito que intenta igualar al alumnado por abajo, sin tener en cuenta el mérito o la excelencia.

España no necesita otra ley educativa que provenga de la imposición, sino del consenso y que garantice la estabilidad del sistema. Si no, en lo único que se profundizará es en el fracaso escolar y el descenso de la calidad en la educación universitaria.