Le prohíben ir a clase con velo y se cambia de colegio en Jumilla

Murcia

Las ONG Convivir Sin Racismo, Murcia Acoge, la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia y la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia han denunciado la prohibición de estudiar en un colegio de Jumilla a una menor por llevar velo. Unas prácticas, dicen, que vulneran los derechos humanos.

Además, señalan que la Consejería de Educación tiene el deber de garantizar que se respete el principio de no discriminación en la educación.

"A una niña de 13 años no se le permite estudiar en el Colegio Concertado Cruz de Piedra de Jumilla por el hecho de llevar velo. El centro lo impide aduciendo una norma interna que prohíbe asistir a clase con prendas que cubran la cabeza, no teniendo en cuenta que el uso de símbolos y prendas religiosas y culturales es un elemento del derecho a la libertad de expresión y del derecho a manifestar la religión o las creencias, cualquiera que sea, en público y en privado", arguyen estas ONG´s.

Se le impidió asistir a clase con normalidad, "aislándola de sus compañeros y compañeras durante varias semanas hasta que se matriculó en otro centro escolar, colocándole obstáculos al ejercicio de su derecho a la educación obligatoria", cuentan a través de un comunicado.

Desde la Coordinadora de ONGD se han realizado gestiones, a petición de la familia de la menor, ante la inspección educativa y el propio centro, para que reconsiderasen esta decisión, pero, tras varios intentos, la dirección del centro educativo se reafirma en su decisión "anteponiendo una norma arbitraria al cumplimento y respeto a derechos fundamentales", argumentan.

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Las Organizaciones sociales recuerdan que el artículo 16 de la Constitución reconoce la libertad religiosa, garantizándola tanto a los individuos como a las comunidades, "sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley".

Estas organizaciones hacen un llamamiento a la Consejería de Educación para que garantice que las restricciones impuestas por las autoridades de centros escolares individuales al uso de vestimenta que pueda afectar al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de religión o creencias sean conformes con el derecho internacional de los derechos humanos.

El Centro por su parte ha defendido a través de un comunicado que "tanto la Dirección, la Asociación de Padres y Madres como el Claustro de profesores, nos vemos en el deber de informar que la dirección del centro tiene la obligación de hacer cumplir las normas de convivencia y que la omisión de esas obligaciones podría incurrir en responsabilidad administrativa, o incluso penal, por ignorar su existencia".

Aclaran además que "esta norma en concreto forma parte del plan de convivencia del Centro, incluido en la Programación General Anual desde el año 2013 y, desde entonces, ha sido aprobada y refrendada por el Claustro y Consejo Escolar.

También indican que "las referidas normas, junto con el resto de documentos que forman el Proyecto Educativo de Centro, están a disposición de la Comunidad Educativa y son conocidas por todos sus miembros, por lo que cualquier familia, al matricular a sus hijos, debe informarse para elegir centro educativo" y declinan realizar cualquier declaración al respecto "al tratarse de una menor" por lo que "consideramos que lo más conveniente es no hacer declaraciones al respecto ni entrar en más detalles" concluyen.