Los responsables de Empleo ni ocultaron ni engañaron

Sevilla

Ni el consejero de Empleo ni el vice consejero ni la secretaria general de Empleo ni los directores generales de Trabajo ocultaron o engañaron a nadie. “De la documentación que obra en la causa se desprende” que el interventor de Empleo conoció cómo se pagaron los ERE y no puso reparos, mediantes transferencias de financiación de esa consejería a la agencia IDEA. Lo ha afirmado el abogado del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, en la lectura de su informe ante el Tribunal que juzga a los políticos acusados por los ERE. Esa fórmula es ilegal para las acusaciones y la Intervención General la consideró “inadecuada”. Pero el letrado insiste en que ese interventor lo supo y lo considero legal.

Lo supo porque conoció el convenio marco de 2001 donde Empleo y el IFA establecieron cómo se iban a pagar las ayudas; y lo supo porque en 2004 el interventor general le ordenó hacer una retención de crédito ante un déficit de financiación que detectaron en la agencia IDEA, debido a que estaba pagando esas subvenciones tener fondos suficientes. “Es muy grave” que estas circunstancias no aparezcan en el informe de los peritos de la Intervención General del Estado, ha enfatizado el letrado Alfonso Martínez del Hoyo.

Ese interventor, ha señalado, estaba obligado a examinar el contenido de la transferencia de financiación. “Cuando la dirección general de Trabajo le presentaba el expediente de gasto el interventor debía examinar los documentos y comprobar si la partida presupuestaria era la adecuada. Si hubiera entendido que no era el crédito legal, para pagar las ayudas, habría emitido un reparo”. “O bien consideraba que era adecuada la fórmula o bien hacía mal su trabajo y en ese caso debería haber estado imputado y nunca lo estuvo”.

Se ha dejado sin imputar a los interventores de Empleo “por el personalísimo empecinamiento de sostenella y no enmendalla y se pretende decir que a quien se engañó fue al Parlamento”. De otra manera sería más difícil mantener la acusación para el “resto de los miembros de la administración”.

Las ayudas las daba la Consejería de Empleo y las pagaba la agencia pública IDEA mediante transferencias de dinero, con lo que, según las acusaciones, el interventor de Empleo no podía saber a qué se destinaban esas transferencias de financiación al examinar el expediente administrativo y la intervención de IDEA no accedía a los expedientes de concesión.

“Este procedimiento se deshace como un azucarillo” dado que la ley de presupuestos cada año recogía la fórmula de pago de los ERE y era aprobada por el Parlamento, ha argumentado en otro momento de su intervención el abogado de Fernández. La ley, ha dicho, estaba para cumplirla.

Alfonso Martínez del Hoyo también ha sostenido que las ayudas directas a empresas y socio laborales que otorgó la Junta durante una década se amparaban en la orden estatal de abril de 1995. Esa orden no establecía requisitos y permitía que fueran concedidas con discrecionalidad, ha explicado. Y ha concluido el razonamiento afirmando que “a excepción de la fiscalización previa seguida allí y aquí no esas ayudas no defirieron de lo que aquí se hizo” con las subvenciones. El modelo que aplicó la Junta “en modo alguno vulnera el procedimiento administrativo aplicable”.

Antonio Fernández se enfrenta a ocho años de prisión por un supuesto delito continuado de malversación y a 30 de inhabilitación por prevaricación.