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Riegos de Levante aprueba, sin unanimidad, construir una desalobradora

Las obras se sufragarán con parte de la indemnización de la Conselleria por la prohibición de cazar en el Hondo

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La Comunidad de Riegos de Levante celebró ayer la Asamblea General Extraordinaria donde se debatió la adjudicación de la construcción de una planta desalinizadora de agua salobre. El objetivo esgrimido por la Comunidad es que permitiría mejorar la calidad del agua del río Segura y aumentar los aportes para los agricultores del sur.

La propuesta salió adelante con el voto favorable del 73% de los compromisarios, frente a la oposición de un 27%. Ya en el mes de junio, presidentes de las cinco comunidades como Manuel Serrano, José Manuel Miralles o Ángel Urbina, mostraron su rechazo a este proyecto asegurando que es "temerario" e inviable técnica y económicamente para la Comunidad General de Riegos de Levante.

Denunciaban, además, que la documentación no incluye los permisos necesarios, pero el presidente de la Comunidad, Javier Berenguer, aclaraba que hay tiempo para poner realizar los trámites que se necesiten. Berenguer ha insistido en que los que ahora se oponen a la desalobradora no aportaron sugerencias o planes alternativos.

Pero la directiva de la Comunidad sigue defendiendo la necesidad de contar con esta desalobradora. Su presidente ha advertido que se trata de una inversión que puede suponer la diferencia entre contar con un futuro asegurado para el campo del sur de la provincia de Alicante o continuar a merced de sequías, cierres del Trasvase o de los repartos de plantas desalinizadores que hay que compartir con todas las demás comunidades de Riego de Alicante, Murcia y Almería.

Finalmente, las obras se han adjudicado a la empresa Novhidro por 9,5 millones de euros. La Comunidad podrá disponer, para cubrir parte de los gastos, de 8,3 millones de euros de los once que la Conselleria debe pagar a Riegos de Levante como indemnización por la prohibición de cazar en El Hondo. Los 2,7 millones restantes de la compensación del gobierno valenciano irán destinados a pagar impuestos. Por otra parte, la Comunidad deberá pedir un crédito de 1,2 millones de euros para alcanzar los 9,5 del coste de las obras de la desalobradora.

 
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