La demolición de las torres de Punta Llisera, cada vez más cerca
El Supremo no admite los recursos de la administración autonómica y la promotora. La conselleria de Obras Públicas "acata" la sentencia y tiene reservados 100 millones de euros para afrontar indemnizaciones
Vista de las dos torres de Gemelos 28 / google maps
Alicante
El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite los recursos que presentó la Generalitat, la promotora y algunos propietarios, con el que se buscaba evitar el derribo de 'Gemelos 28', las dos torres de Punta Llisera, en Benidorm y que desde el año 2012 están fuera de ordenación urbanística, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.
Más información
Los recursos, rechazados en una providencia con fecha del pasado 22 de noviembre y a la que ha tenido acceso Radio Alicante, fueron interpuestos por la administración autonómica y la promotora Terras de l'Horta SL con el objetivo de que este complejo de dos torres y 168 viviendas, construidos a escasos metros del mar, no tenga que ser demolido. Dice el Alto Tribunal que no están justificados.
Coste económico y medioambiental
Tras la decisión del Supremo, desde la Conselleria de Obras Públicas, Vivienda y Vertebración del Territorio responden que acatan la sentencia y que están analizando los efectos que esta actuación puede tener en el entorno, especialmente sobre el Parque de Serra Gelada, "cuyos límites de afección se encuentran a pocos metros de esta ubicación; sobre el propio dominio público marítimo y la fauna y flora de la zona marítima colindante, así como sobre el conjunto de edificaciones existente en la zona".
Al margen de valorar los efectos medioambientales, la conselleria ha iniciado también la valoración de los costes de esta actuación para poder consignarlos en los presupuestos de la Generalitat de 2019.
Paralelamente, para poder hacer frente a las posibles indemnizaciones por el derribo de las edificaciones, la conselleria ya tiene una previsión de fondos de 100 millones de euros y que tuvo que elevar de los 77 iniciales. La mayoría de viviendas están vendidas y ocupadas desde 2011, una vez el consistorio de Benidorm concedió la cédula de habitabilidad. Conselleria, este pasado verano, avanzaba que tiene casi listo el proyecto de demolición.
Una "herencia envenenada"
La conselleria ha aprovechado la decisión del Supremo para recordar que se trata de "un caso más de la ruina en diferido y de herencia envenenada que han dejado los anteriores gobiernos del PP, tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de Benidorm, "marcados por las irregularidades" que ahora están "pagando todos los valencianos".
El Consell del PP otorgó licencia de edificación en 2005 para la construcción de las torres, una licencia que fue anulada por la justicia por ir contra la Ley de Costas.
