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El DOCM publica el informe de impacto ambiental de dos granjas en la Manchuela

La Viceconsejería de Medio Ambiente ha dado luz verde a la ampliación de una granja porcina en Villarta y también ha informado de la instalación de una explotación de gallinas camperas entre Rubielos Bajos y La Jara

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Motilla del Palancar

La Viceconsejería de Medio Ambiente ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha su visto bueno a la declaración de impacto ambiental para la ampliación de una granja porcina en la localidad de Villarta. Esta explotación ganadera aumentará su capacidad y pasará de 1.920 cerdos, que tiene actualmente, hasta los 7.200. Para ello va a construir dos naves que estarán situadas a 2,7 kilómetros del núcleo urbano en el paraje conocido como Corral de Pascualón. El grupo Ecologistas en Acción de Cuenca ha presentado alegaciones a este proyecto que han sido respondidas por el promotor del mismo y no han impedido que la aprobación saliera adelante.

Por otro lado, este martes se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el informe de impacto ambiental favorable para la instalación de una explotación de gallinas camperas en los términos municipales de Pozrrubielos de la Mancha y Villanueva de la Jara. En este informe se recoge que se van a instalar un total de 80.000 animales distribuidos en cuatro naves que se encuentran a 1,8 kilómetros del casco urbano más cercano que en este caso es el de Rubielos Bajos.

Desde la plataforma Pueblos Vivos consideran que estas explotaciones intensivas vienen a profundizar en un modelo productivo con el que ellos no están de acuerdo. Los residuos que generan las granjas apícolas no son tan importantes como las porcinas, pero también afectan al medio ambiente. El portavoz de esta organización, Daniel González, ha manifestado que esta aprobación se suma a la estrategia del gobierno regional en incentivar este modelo que contraviene algunas directrices europeas.

Por otro lado, desde la organización ASAJA Cuenca consideran que muchos ganaderos están sufriendo un “ataque injustificado” por querer implantar estas granjas en sus municipios. El secretario general, Manuel Torrero, no entiende que se critiquen este tipo de explotaciones porque “cumplen con la legislación medioambiental vigente”.

 
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