Rechazo mayoritario de asociaciones y partidos a la intervención judicial contra periodistas

Palma

El Diario de Mallorca y Europa Press se querellarán por la intervención del teléfono móvil de un periodista ordenado por el juez Miquel Florit para averiguar el origen de una filtración en el caso Cursach. Desde la agencia de noticias ya han explicado que la querella se presentará por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, así como por cuantos otros presuntos delitos puedan resultar conexos con los anteriores.

La intervención de los teléfonos móviles de dos periodistas y el decomiso de dos ordenadores de trabajo por parte de la Policía Judicial, a petición del juez que instruye el caso Cursach y con el aval de la fiscalía anticorrupción, ha levantado una oleada de apoyos al derecho a la libertad de información y al secreto profesional.

La policía se personó ayer en la sede de Europa Press e impidiendo consultar a la periodista con los servicios jurídicos, se llevó su teléfono particular y dos ordenadores de sobremesa, además de documentación. Al periodista de Diario de Mallorca, Kiko Mestre, le obligaron a entregar su teléfono en una sala del juzgado. Después se personaron en la sede del periódico para recoger documentación, pero la dirección se negó a entregarla.

El diario ha anunciado que se querellará por lo que considera una vulneración de derechos fundamentales. El periodista Kiko Mestre explicaba en Hoy por Hoy afirma que le hicieron una encerrona y le arrebataron el teléfono. Mestre afirma que el juez le pidió que hablara con los policías, pero nunca pensó que tendría que entregar una de sus principales herramientas de trabajo. "Fue una encerrona" afirma.

Oleada de rechazo

El suceso ha generado una oleada de condenas por parte de las principales asociaciones de periodistas de las islas y también del país. El sindicatos de periodistas de Baleares y la Asociación de Periodistas lo tacharon de ataque aberrante a la libertad de información.

Una condena a la que se sumó la Federación de Periodistas de España y la Asociación de informadores jurídicos.La secretaria general del sindicato, María Amengual, lamentó la criminalización de los periodistas por hacer su trabajo. 

El director editorial del Grupo Prisa, Augusto Delkader, ha dudado de que el juez que ha ordenado requisar los teléfonos se haya leído la Constitución porque, según ha dicho, el secreto profesional de los periodistas está recogido en la Carta Magna.

La presidenta Armengol también ha lamentado los hechos. Apunta a la libertad de expresión como uno de los pilares de la sociedad, igual que los principales partidos de las islas, Més, PSOE, Podem y Ciudadanos que también mostraron su rechazo a la intervención judicial.