El socio del constructor del geriátrico del Montepío niega haber actuado como testaferro
La esposa del constructor de la residencia de Felechosa afirmaque trabajaba como administrativa pero no sabía nada de los asuntos económicos de la empresa
Oviedo
Finaliza la segunda tanda de declaraciones de un total de 25 nuevos citados, entre testigos e investigados, en el marco de la instrucción judicial que investiga el desvío de fondos públicos, vía sobrecostes, en la construcción de la residencia del Montepío de la Minería en Felechosa. Por el juzgado de Intrucción número 3 de Oviedo, han pasado la mujer y el socio de Juan Antonio Fernández, el constructor del geriátrico. Ambos han declarado en calidad de investigados. Ella, Rocío San José, que trabajaba como auxiliar administrativo en la empresa de su marido ha dicho no saber nada sobre las cuentas de la constructora, y él, Juan Carlos Riera Blanco, niega la principal acusación que pesa sobre él, la de ser el supuesto testaferro en la trama de blanqueo de dinero proveniente de la obra.
La primera en declarar ante la jueza instructora del caso, Begoña Fernández, y los fiscales anticorrupción, ha sido Rocío San José, esposa del propietario de Alcedo de los Caballeros, la constructora a la que el Montepío de la Minería adjudicó la obra de su geriátrico de Felechosa. De ella se sospecha que pudo participar, cuando trabajaba en la empresa de su marido en las actuaciones dirigidas a desviar fondos provenientes del Montepío. Ha testificado durante una hora y veinte minutos, y según ,Alberto Suárez, el abogado de OCAN el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias, ha contestado a todas las preguntas pero para decir que no sabía nada de facturas ni de cualquier otro asunto económico o contable, que su trabajo como administrativo se limitaba a tareas como "revisar el correo", y que los temas de la empresa son cosa de su marido.
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Tras un receso ha sido el turno de Juan Carlos Riera, socio del constructor del geriátrico, que ha declarado también en calidad de investigado ya que según la Fiscalía Anticorrupción, actuó supuestamente como testaferro de terceros que habrían cobrado comisiones ilícitas tanto por la obtención de la subvención pública para la construcción de la residencia de Felechosa, como por la adjudicación de la obra por parte del Montepío a la empresa Alcedo de los Caballeros. Cabe recordar que los principales investigados en el 'caso hulla' son el expresidente de la mutualidad minera, José Antonio Postigo, y el ex líder del SOMA, José Ángel Fernández Villa. En declaraciones a los periodistas, antes de prestar testimonio ante la jueza, Juan Carlos Riera, ha aseverado “yo no soy testaferro de nadie”, y ha dicho no conocer a nadie que se apellide Villa o Postigo. Sobre el supuesto origen ilícito de los 360.000 euros que regularizó en la amnistía fiscal de 2012, a la que también se acogieron Villa y Postigo, ha asegurado tener documentos que demuestran la legalidad de ese dinero.