Aumentan un 4,2% las denuncias por violencia machista en la Comunidad

Entre julio y septiembre se han interpuesto casi 7 mil denuncias por violencia de género en la región, lo que supone un incremento del 4,2 por ciento con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 6.705. Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que hoy ha hecho públicos el Consejo General del Poder Judicial. A su vez, ha aumentado también en un 3,52 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia de género en la región, ya que en el tercer trimestre de 2017 fue de 6.390. Y del total, el informe detalla que un 56,88% fueron españolas y un 43,11% extranjeras.

Más del 70 por ciento de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas, una cifra que también ha aumentado, comparándolo siempre con el mismo período del año anterior, que fueron tres puntos menos.

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, Madrid se sitúa en el 19,29 -frente a la media nacional del 17,1-, por debajo de Baleares (30,35), Murcia (22,94, la Comunidad Valenciana (21,89) y Cantabria (20,43), y por encima de Extremadura (9,78), Castilla y León (10,48) y Galicia (10,72).

Más medidas judiciales, pero menos solicitudes de órdenes de protección

En cuanto a la respuesta judicial: el 72 por ciento de las sentencias son condenatorias y hubo 644 medidas civiles de protección de las mujeres, más que el año pasado. Sin embargo, hubo menos solicitudes de órdenes de protección, pues el total de 1.523 (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer suponen un descenso del 1,42 % respecto a las 1.545 órdenes solicitadas en el tercer trimestre de 2017.

La Federación de Mujeres Progresistas celebra el aumento de medidas civiles, pero subraya el escaso número, a su juicio, de agresores a los que se les ha suspendido la custodia de los hijos. En 47 casos se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 17 casos a la suspensión del régimen de visitas. Para la presidenta de la Federación, Yolanda Besteiro, "a los jueces todavía les cuesta identificar el hecho de que un maltratador no puede ser un buen padre y que los menores también son víctimas del maltratador. La suspensión de la custodia solamente se contempla como algo excepcional".