Visto para sentencia el juicio de los ERE
La sentencia tardará meses. El expresidente Chaves asegura que para él ha sido "una experiencia vital"
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Sevilla
“Habiendo concluido el derecho de la última palabra, queda visto para sentencia. Paramos la grabación”, ha dicho a las 14:13 horas el presidente del Tribunal, Juan Antonio Calle Peña. Así, este lunes ha quedado visto para sentencia el primer juicio del caso de los ERE, el que ha sentado en el banquillo a dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a otros 19 ex altos cargos. La sentencia, según reconoce el Tribunal, no podrá estar redactada antes de finales de julio, en el mejor de los casos. El fallo tendrá que decir si la fórmula de pago de las ayudas investigadas era o no prevaricador y si propició o no una malversación de fondos públicos.
Manuel Chaves, el expresidente andaluz, ha sido el único que se ha dirigido al Tribunal para reconocer su trabajo y para expresar la “experiencia vital” que ha supuesto este año de juicio para él. “Las intervenciones de todos han supuesto un cúmulo de información y conocimiento para mí. Una experiencia vital”, ha manifestado. Griñán, expresidente y exconsejero de Hacienda, se ha sumado al reconocimiento que había mostrado su abogado.
Manuel Chaves:"Mi reconocimiento a la labor del Tribunal.Ha sido una experiencia vital"
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También el presidente del Tribunal ha dado las gracias a todas las partes por su colaboración. A partir de hoy Calle Peña y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez tienen que sentarse a deliberar y argumentar una sentencia de decenas de páginas que será jurídicamente compleja y también pionera. Tienen que resolver cuestiones para las que no existe jurisprudencia.
Manuel Chaves y José Antonio Griñán durante la última sesión del juicio de los ERE
Manuel Chaves se enfrenta a 10 años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación. José Antonio Griñán a seis años de prisión y 30 de inhabilitación por supuesta malversación y prevaricación.
La Junta usó durante 10 años un “procedimiento específico” para conceder ayudas directas a empresas y socio laborales mediante transferencias de dinero de la consejería de Empleo a la agencia pública IDEA. El dinero se otorgaba sin que existieran bases reguladoras, sin publicidad ni concurrencia, han repetido las acusaciones, y sin control previo del gasto. Lo que permitió supuestamente la malversación de fondos públicos.
Empleo decidía quién recibía el dinero y guardaba el expediente administrativo de la concesión, que en la mayoría de los casos no era tal. IDEA, dependiente de la consejería de Innovación, abonaba el dinero sin que los interventores tuvieran acceso al expediente de otorgamiento. Tampoco el interventor de Empleo veía los expedientes de concesión porque lo que supervisaba eran expedientes de transferencias de financiación.
La Intervención General de la Junta advirtió en numerosos informes del sistema supuestamente irregular que se estaba empleando y habló del “uso inadecuado de las transferencias de financiación” para dar ayudas. Sin embargo, nada cambió.
Las defensas han insistido a lo largo del juicio en que las transferencias no son ilegales, en que se pueden usar y fiscalizar y mayoritariamente han apuntado a Empleo como responsables de cualquier ilegalidad.
El caso de los ERE comenzó a investigarse en enero de 2011, a raíz de la declaración del exdirector de Trabajo, Javier Guerrero, ante la Policía, que investigaba por qué cobraban como prejubilados en Mercasevilla personas que nunca habían trabajado en la empresa.
