El Gobierno foral dice que ha gestionado Rozalejo "defendiendo el interés general"

Pamplona

La consejera portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha defendido que el Ejecutivo "ha actuado conforme a norma" en la gestión de la ocupación del Palacio Marqués de Rozalejo de Pamplona y ha asegurado que ha mantenido "una voluntad clara de evitar males mayores, siempre en defensa del interés general, de la seguridad de toda la ciudadanía y de los bienes públicos".

María Solana y la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, han comparecido en el Parlamento de Navarra a petición de UPN y Podemos-Orain Bai para explicar su gestión en relación con el desalojo y posterior reocupación del edificio el pasado mes de agosto.

Beaumont ha señalado que la nueva ocupación ocurrió "por la simple y sencilla razón de que es un edificio vulnerable, y por su estructura y localización presenta importantes dificultades para realizar un cierre eficaz".

Según la consejera de Interior, tras el primer desalojo "el personal técnico actuante consideró suficientes las actuaciones de cerramiento practicadas" y no se consideró adecuado establecer una vigilancia policial, que "además no garantizaría el control de todo el perímetro y requería un importante despliegue de recursos humanos".

Además, sobre la actuación policial en el desalojo, ha afirmado que la Policía Foral, en funciones de policía judicial a las órdenes del juzgado, intervino "teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad".

Una vez ocupado nuevamente el edificio, se optó por solicitar al juzgado la suspensión del desalojo, "ante el gran número de personas concentradas en Navarrería y la vulnerabilidad" del edificio.

Por su parte, la consejera María Solana ha explicado que "todas las decisiones que se han tomado en torno a esta cuestión han sido de manera absolutamente compartida y colegiada por el Gobierno de Navarra y en ningún caso de sus miembros por separado o de manera personal".

Además, Solana ha incidido en que durante el mes de agosto ella misma hizo "un llamamiento público al diálogo" con los okupas de "un bien público que estamos decididas a defender, pero buscando una salida y una mejor solución para todos, que llevara a un desalojo ordenado y pacífico". "Estas personas rechazaron ese llamamiento", ha indicado.

Tras ello, ha señalado que "en el desalojo que se llevó a efecto no hubo ningún altercado reseñable, ningún herido y ningún detenido entre las personas que estaban en el inmueble por causas del desalojo". "Es verdad que en las inmediaciones hubo otros altercados", ha indicado Solana, quien ha defendido que "se actuó de una manera absolutamente responsable".

Solana ha dicho que "el Gobierno hizo lo que tenía que hacer, fueron actuaciones correctas y oportunas, avaladas por la Audiencia y por el Tribunal Supremo".

En opinión de la consejera, el Gobierno "estuvo a la altura de las circunstancias en una toma de decisión política que ha habido quien ha querido judicializar, y el Supremo ha dicho que decisiones de este tipo no se resuelven en los tribunales sino en las urnas".

El parlamentario de UPN Sergio Sayas ha afirmado que "precisamente lo que no ha hecho el Gobierno ha sido estar a la altura, ha estado con sus amigos radicales, abertzales y antisistema, ha hecho una clara dejación de funciones, ha jugado con la seguridad de la policía, se ha burlado del juez, ha convertido a Navarra en el hazmereir con un dispositivo policial que llevó a la reocupación del edificio, y el Gobierno está mucho más preocupado de o que puedan opinar sus socios sobre la actuación policial, que fue perfecta".

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha afirmado que "hubo violencia en el desalojo, porque cualquier desalojo lleva intrínseca violencia, no hubo ningún tipo de actitud pacífica y ordenada, y muchos menos intervención proporcional y ordenada".

Por parte de Geroa Bai, Unai Hualde ha indicado que "ha habido un intento de rentabilizar políticamente de forma miserable un episodio delicado y difícil de gestionar para cualquier Gobierno".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que su grupo "transmitió en público y en privado al Gobierno que no estaba de acuerdo" con su decisión de personarse en la causa abierta en el juzgado e instar al desalojo y "aventuramos problemas que luego se produjeron".

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha criticado que "llevamos desde 2017 con un bien público que pertenece a toda la ciudadanía ocupado y el Gobierno de Navarra no ha realizado las funciones que a todo buen gestor se le pueden pedir".

Por parte del PPN, Ana Beltrán ha afirmado que "esta es una vez más la historia de un Gobierno arrodillado a los intereses de los insumisos, de EH Bildu, de la izquierda abertzale radical, de los borrokas, de los que violan la ley ocupando un edificio público".

Por último, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha afirmado que la gestión del Gobierno de Navarra "no tienen nada que ver con nada que se parezca a complicidad y connivencia" con los 'okupas'.