Tribunales

Pasqual del Riquelme: "No se pueden establecer plazos de instrucción sin que vayan acompañados de más medios para la justicia"

El presidente del TSJ se pronuncia así por la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal que reduce los plazos de instrucción a seis meses, y de la que se ha beneficiado el expresidente Pedro Antonio Sánchez con su absolución en el caso Pasarelas

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Murcia

Miguel Pasqual del Riquelmereconoce que la sentencia absolutoria de Pedro Antonio Sánchez ha causado revuelo en el ámbito de la justicia, y ha asegurado que es una cuestión que le ocupa y le preocupa, aunque ha expresado su respeto institucional a las decisiones judiciales, que no ha entrado a valorar.

Más teniendo en cuenta que forma parte de la Sala Civil y Penal, que es la que está programada para "revisar en vía de apelación las decisiones de la Audiencia Provincial"; de ahí que haya dicho ser cauto y "no hacer pronunciamientos de ningún tipo que contaminen esa neutralidad".

Aún así, ha reconocido que difícilmente la justicia puede dar una respuesta rápida, eficaz y ajustada a los plazos que marca la ley si no se ponen los medios suficientes.

Del Riquelme ha recordado que esta refoma legislativa se hizo en su día sin modificar las normas ni recursos con los que están dotados los juzgados y tribunales, que se encuentran -dice- "muy cerca de la saturación y al borde de su capacidad de respuesta".

De ahí que reconozca que exigencias de este tipo -en referencia a los plazos de instrucción en seis meses- "si no se acompañan de medios, se convierten en normas de muy difícil aplicación ante la situación de saturación actual".

El presidente del TSJ Región de Murcia ha hecho balance de un año muy marcado por las protestas en el ámbito de la justicia, que ha protagonizado dos huelgas de jueces y fiscales en un mismo año, y ha aprovechado para seguir reivindicando más medios para una administración de justicia que sigue siendo "la asignatura pendiente de la democracia".

Pese a esas carencias, dice Del Riquelme, la justicia sigue cumpliendo el papel de defensa de los derechos y del órden constitucional.

 
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