Economia y negocios

Lluvia de recursos a la Consejería de las ONG por las subvenciones del IRPF

La Coordinadora del Tercer Sector no descarta acudir a los tribunales. Aseguran que la Comunidad de Madrid ha decidido hacer modificaciones unilaterales en las subvenciones y van a recibir mucho menos dinero de lo previsto

"El IRPF tiene que dejar de ser un problema. Tiene que ser el canal para seguir ayudando a los que más lo necesitan y no una suerte de inestabilidad permanente para las organizaciones sociales"

Estas ayudas vienen de la casilla social que marcan los ciudadanos al hacer la declaración de la renta. Hasta hace un par de años las gestionaba el Estado, pero en 2017 cambió y ahora lo hace la Comunidad

CADENA SER

Madrid

La Consejería de Políticas Sociales ha vuelto a ponerse en contra a las Organizaciones No Gubernamentales, conocidas como Tercer Sector, tras hacer pública la resolución definitiva de las subvenciones que van a recibir del programa del IRPF de 2018. Decenas de organizaciones sociales denuncian modificaciones unilaterales y, en algunos casos, anulaciones de hasta el 100% de la financiación consignada.

A finales de año, en la fase de resolución provisional, las entidades tuvieron la oportunidad de saber los fondos que iban a recibir y pudieron presentar alegaciones a las puntuaciones con las que no estaban de acuerdo. Después, como indica la Orden de bases de la convocatoria, cada organización presentó una 'memoria adaptada', que es un informe que se negocia con un funcionario de la consejería y que sirve para terminar de perfilar la financiación de cada proyecto y dejar delimitada la cuantía que finalmente se va a percibir.

El miércoles la Consejería publicó la resolución definitiva de las subvenciones y llegaron las sorpresas: "Casi todos los proyectos van a recibir menos dinero, algunas han perdido el 80%, ha habido incluso casos de anulaciones", asegura Rafael Escudero, portavoz de la Coordinadora del Tercer Sector. "El Gobierno autonómico hace trampas, saben perfectamente que una vez que una entidad recibe una resolución provisional deposita, bajo supervisión estricta de un funcionario, una memoria adaptada. Ese es el contrato vinculante que luego se utiliza para poder hacer válida o no la justificación de los fondos".

Desde esta plataforma ya han presentado recursos de reposición en la Consejería y no descartan acudir a los tribunales para evitar las consecuencias que esto puede ocasionar: "asociaciones de familiares de personas afectadas con Alzheimer van a tener que despedir a cuidadores; organizaciones que trabajan en dependencia o discapacidad van a ver cómo personas que trabajaban en la autonomía personal van a tener que dejar su puesto de trabajo; y los programas de VIH Sida han perdido cerca del 8% de su financiación".

"El IRPF tiene que dejar de ser un problema para los madrileños", dice Escudero, "tiene que ser una fuente de soluciones, un punto de encuentro y sobre todo el canal para seguir ayudando a los que más lo necesitan y no una suerte de inestabilidad permanente para las organizaciones sociales".

Desde la Consejería de Políticas Sociales aseguran que se ha seguido el procedimiento y que, digan lo que digan las organizaciones, una resolución provisional, como su propio nombre indica es provisional.

Estas ayudas vienen de la casilla social que marcan los ciudadanos al hacer la declaración de la renta. Hasta hace un par de años las gestionaba el Estado, pero en 2017 cambió y ahora lo hace la Comunidad. Desde esta Plataforma aseguran que, desde entonces, no han sido capaces de hacer una buena gestión.

 
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