Más de 180 ancianos, pendientes de abandonar la residencia de Ifara

Tenerife

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que declara nulas las licencias de construcción, actividad y habitabilidad que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concedió en 2003 y 2009 a la residencia El Drago del Marqués.

Esta decisión del alto tribunal afecta a más de 180 mayores internos y en torno a 100 trabajadores que desempeñan labores de atención social y sanitaria. Desde el centro, su director Roberto Rodríguez ha afirmado que el fallo podría ejecutarse en un plazo máximo de dos meses.

Es el límite que indican los juristas y en el que el Cabildo de Tenerife y el Servicio Canario de Salud tendrán que reubicar también a más de 100 personas que ocupan plazas concertadas en la residencia.

No se trata, además, del primer pleito al que se enfrenta El Drago del Marqués. En total han sido dos denuncias presentadas por un particular. La primera tuvo resolución en 2014 e indicaba que se debía reformar la parte superior del edificio, mientras que el texto legal que ha sido conocido recientemente, consecutivo a una enmienda a la totalidad de las licencias, alude a la "edificabilidad por metros cuadrados, a retranqueos y a una serie de aspectos técnicos que incumplen la normativa urbanística de Santa Cruz de Tenerife", según ha apuntado Rodríguez.

El centro, que ya ha mantenido reuniones con los familiares de los internos y con los trabajadores, prevé contratar una empresa de recolocación para facilitar la empleabilidad del personal laboral. Asimismo, se encuentra inmerso en la planificación de reubicación de los pacientes.

En declaraciones a la SER, Juana María Reyes, directora del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, ha insistido en la imposibilidad de reubicar a los mayores: "tenemos financiación para contratar más plazas públicas y no podemos porque no hay capacidad instalada en la isla".

El proceso de legalización 

Desde el consistorio capitalino, su concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, ha anunciado que todavía cabe una posibilidad de que el centro no tenga que forzar el cierre y desalojar a los ancianos. "El grupo inversor que gestiona en Canarias esta residencia de mayores presentó hace una semana un proyecto de legalización para cumplir con todos los parámetros a los que no se ceñían", ha matizado Tarife. 

Este proceso de legalización ha sido avalado por demás concejales y portavoces de los grupos presentes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Mientras que el socialista José Ángel Martín ha aseverado que "se minimizará el impacto del fallo sobre las camas si los propietarios del centro toman la decisión", el representante de Coalición Canaria, José Alberto Díaz-Estébanez, ha aclarado "que no se trata de un mal otorgamiento de licencia, sino de una extralimitación por parte del adjudicatario".