Nueva condena al Ayuntamiento de Lorca por los convenios urbanísticos de 2005

Lorca

El Ayuntamiento de Lorca ha sido condenado a pagar 1,1 millones de euros a una promotora inmobiliaria en concepto de un convenio urbanísticos para la recalificación de terrenos en los que construir miles de viviendas en la pedanía de Zarcilla de Ramos que no llegaron a desarrollarse.

El concejal de Economía y Hacienda, Juan Francisco Martínez, ha informado de la nueva sentencia condenatoria que eleva a casi 11,4 millones de euros la cantidad que el ayuntamiento tiene que devolver a promotores que han recurrido estos convenios.

De la suma total de las condenas, el consistorio ha pagado de forma íntegra casi diez millones de euros y tiene pendiente el abono a plazos del resto hasta el año 2021. En este caso el consistorio también solicitará al juzgado un aplazamiento en cinco años, que le permita el abono de la deuda a razón de unos 200.000 euros año, ha dicho el concejal.

La nueva condena corresponde a un convenio urbanístico firmados en 2005 durante un gobierno local del PSOE. Pretendía la recalificación de suelo en la pedanía de Zarcilla de Ramos para construir un residencial con 7.938 viviendas en un pueblo en el que la población actual es de 1.203 habitantes.

En el otoño de 2005 el pleno municipal, solo con el voto a favor del PSOE que entonces estaba en la alcaldía, aprobó 17 convenios urbanísticos similares con promotoras para recalificar Suelo Inadecuado para el Desarrollo Urbano (SIDU) y convertirlo en suelo urbanizable en el que levantar unas 86.000 viviendas, ninguna de las cuales ha llegado a ser construida.

Ninguno de los proyectos urbanísticos, todos situados en el ámbito rural, contaba con los pertinentes informes que garantizaran el suministro de agua, energía o de servicios de telecomunicaciones.

El consistorio percibió de los promotores 9,9 millones de euros a la firma de los acuerdos, pero incumplió una cláusula que le obligaba a resolver en los tres años siguientes toda la tramitación urbanística para permitir su construcción o a devolver el dinero en caso contrario.

Transcurrido el plazo ningún convenio estaba resuelto por lo que ninguna de las viviendas fue construida y los promotores en bloque comenzaron a reclamar por la vía judicial el dinero que habían anticipado al ayuntamiento y que según el edil del PP se destinó a "gasto corriente".

Martínez ha dicho que hasta ahora han sido 13 los convenios recurridos judicialmente, todos con fallo contrario al ayuntamiento.