La falta de tiempo del Tribunal de los ERE
Se ha reunido a deliberar una vez en 15 días porque dos de los tres jueces se han incorporado a la rutina de sus salas
EFE
Sevilla
Los tres jueces que firmarán la sentencia del juicio sobre la pieza política de los ERE no tienen tiempo para reunirse y deliberar. Lo han hecho una vez desde que las dos magistradas, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, se reincorporaron a su trabajo ordinario en Audiencia de Sevilla. El ponente, que está dedicado en exclusiva al asunto, trabaja en su casa, "a ritmo de opositor", los siete días de la semana de siete de la mañana a diez de la noche con un descanso para desayunar y otro para almorzar.
Juan Antonio Calle Peña es incapaz de pronosticar cuándo escribirá la última frase de una sentencia "de gran complejidad" pero recuerda que en la Audiencia de Mallorca, donde se juzgó a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín, las normas permiten que la deliberación y redacción de las sentencias duren el mismo tiempo que ha durado el juicio. Así que pudiera ser que la primera sentencia de los ERE se conozca entorno a la Navidad.
Peña asegura que la complejidad de esta sentencia se debe a que falta jurisprudencia sobre diferentes materias presupuestarias, financieras y contables que se han planteado, lo que obliga a leer artículos doctrinales para adoptar una postura y sacar conclusiones. Además, la valoración de la prueba es compleja porque implica estudiar diez años del funcionamiento de la administración andaluza con acusados que han ocupado diferentes cargos en ese periodo. Además, hay que volver a escuchar el audio de la vista, repasar las declaraciones efectuadas durante la instrucción y durante el juicio y revisar todos los documentos del procedimiento.
El Tribunal se está planteando exponer la situación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que las dos magistradas dispongan de tiempo para estudiar y revisar las actuaciones, para que ellas puedan adoptar un punto de vista leyendo y escuchando el juicio de nuevo. En estos momentos su día a día son nuevos juicios, ponencias, apelaciones, causas con preso y falta de tiempo para dedicarse a pensar en el juicio de los ERE, que han celebrado durante un año.
Estos tres magistrados tendrán que determinar si la Junta empleó durante una década un sistema de pago de ayudas directas a empresas y socio laborales al margen de la Ley de Subvenciones, lo que supuestamente propició una malversación de fondos públicos de casi 800 millones de euros, según Anticorrupción. La Fiscalía ha pedido para el expresidente José Antonio Griñán seis años de prisión y 30 de inhabilitación por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación. Para el expresidente Chaves pide 10 años de inhabilitación por supuesta prevaricación.
