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La Comunidad no consigue el apoyo unánime del Consejo Escolar a su decreto de convivencia

CSIF, ANPE, CCOO y la FAPA Giner de los Ríos votan en contra del borrador y exigen financiación a la Comunidad para poder mejorar el clima en los centros

El nuevo decreto de convivencia en los centros educativos que la Comunidad de Madrid quiere aprobar antes de que acabe la legislatura no ha conseguido el apoyo unánime del Consejo Escolar de la región. Tres sindicatos de profesores, Comisiones Obreras, CSIF y ANPE, y también la FAPA Giner de los Ríos han votado en contra del texto que está siendo tramitado por la vía de urgencia y que, entre otras cosas, contempla crear equipos de mediación en los centros o castigar a los alumnos que callen el acoso hacia sus compañeros.

Los motivos de unos y otros son muy distintos, pero hay puntos en los que sí coinciden: por ejemplo, en que se pretenda mejorar el ambiente escolar con más formación de profesores, familias y alumnos sin que la comunidad ponga un euro sobre la mesa. Para CSIF y ANPE es primordial: no se puede formar a los docentes sin que haya una financiación añadida y no se puede añadir más funciones al profesorado en un clima aún de recortes. Javier Pérez Castilla, de CSIF, asegura que "de los elementos negativos del borrador éste es uno más de ellos". "El borrador incide en la tendencia de cargar de tareas administrativas a los docentes", explica. Para solucionar estos trámites burocráticos, Comisiones Obreras y la FAPA proponen la figura de un docente con liberación de horas lectivas para hacer ese trabajo.

Por otro lado, en cuanto a la convivencia en sí y centrado en las sanciones al alumnado, la FAPA creen que el decreto carga las tintas contra los alumnos pero no aborda las situaciones en las que es un profesor quien ejerce la violencia. "Realizar un decreto de convivencia basado en que la culpa de todo lo habido y por haber la tiene el alumno es un defecto de raíz. Existe el alumnado disruptivo, así como existe el profesorado disruptivo y familias que no ayudan a la correcta convivencia", asegura Camilo Jené, presidente de la Federación. Por su parte, CSIF y ANPE consideran que el borrador de decreto resta autoridad al profesor. Según Javier Pérez Castilla, "lo que no se puede hacer es si te ponen una multa decirle al guardia que va a llegar un tercero para decir si es multa o no es multa". El portavoz del sindicato CSIF pide seriedad en este tipo de cuestiones a la administración para no deteriorar el clima educativo, "que se había recompuesto en los últimos años".

Además, la FAPA llama la atención sobre otro asunto: los castigos a los alumnos. "Nos encontramos con una gran contradicción cuando a un menor de 8 años de edad se le puede prohibir participar en actividades extraescolares o expulsarlo de su centro educativo, cuando si matase a alguien no tendría ninguna consecuencia más allá de la responsabilidad civil derivada del mismo hecho que recaería sobre sus tutores legales", apunta Jené. Tanto las familias como el sindicato Comisiones Obreras proponen que todas las sanciones al alumnado se cumplan en el centro. La expulsión, según su punto de vista, es a veces un premio para los chavales.

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